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Planes sociales: las pruebas que complican a Eduardo Belliboni

Hay documentos que muestran que el dirigente del Polo Obrero era uno de los firmantes y responsables de la rendición de cuentas supuestamente fraudulenta del Plan Potenciar Trabajo que investiga la Justicia.

30 mayo, 2024
Imagen: Redes Sociales

Imagen: Redes Sociales

La causa judicial contra los movimientos sociales continúa avanzando y esta vez, la Justicia corroboró que Eduardo Belliboni presentó “facturas falsas” al exministerio de Desarrollo Social para justificar los subsidios que recibía desde el Estado. A su vez, estos documentos fueron emitidos por una imprenta ligada al Polo Obrero y por una empresa fantasma.

El juez Sebastián Casanello comprobó facturas “truchas” de dos sociedades vinculadas al Polo Obrero por cerca de 25 millones de pesos. Los comprobantes hacían alusión a la venta de bienes y equipos de computación con el fin de justificar los egresos al Estado nacional. Por este motivo, el dirigente social deberá presentarse ante el juez en tres semanas.

Una de las firmas apuntadas es una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL“, con sede en la calle Palestina 542, en el barrio porteño de Almagro. En ese lugar hay un modesto PH, que fue allanado cuando la causa estaba bajo secreto de sumario. La Policía fue recibida por el hijo del ex legislador Marcelo Ramal, que viviría ahí con su madre y otra persona.

De acuerdo con un artículo del portal Infobae, la imprenta, ligada a actividades políticas del Partido Obrero, tiene apenas dos empleadas registradas. Una de ellas es Claudia Ferrero, una de las abogadas que se presentó como defensora de varios de los imputados en la causa.

La otra firma que habría aportado facturas es Coxtex SA, creada en 2020 y supuestamente dedicada a la venta de electrodomésticos, celulares y accesorios de computación. “Está en la base de datos de la AFIP como una empresa usada para proveer facturas apócrifas”, detalló una fuente de Tribunales a Infobae. a

Frente a estas pruebas, el juez a cargo de la causa, citó a indagatoria a 23 personas para que brinden testimonios sobre “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados, al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”.

El motivo por la Justicia inhibió y citó a Belliboni es porque el referente del Polo Obrero habría firmado rendiciones de fondos de facturas “sospechosas”. En principio, entre 2020 a 2023, el movimiento político y la cooperativa El Resplandor recibieron 360 millones de pesos, de los cuales son rindieron 113 millones, según lo informado por el Ministerio de Capital Humano. En esas rendiciones figuran los 25 millones de las facturas halladas por Casanello.

Belliboni, Adrián Albornoz, supuesto dueño de la imprenta, y María Dotti, la dirigente a la que le encontraron más de 50 millones de pesos en su casa, tendrán que declarar en Tribunales el próximo 25 de junio.

Esta causa comenzó en diciembre, pocos días después de que asumiera Javier Milei como presidente, a través de una denuncia que recibió el Ministerio de Seguridad en la línea 134. A partir de ese momento, el juez Casanello ordenó múltiples allanamientos que habían sido pedidos por el fiscal Gerardo Pollicita.

Tags: Eduardo Bellibonijuez Sebastián CasanelloPlanes socialesPotenciar Trabajo
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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