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Tras polémica por alimentos retenidos, colonos e INYM piden no repartir la yerba

El principal argumento es que, en su momento fue analizada y podría ser dañina. “Que caigan todos los que tengan que caer”, se exigió desde el sector, también en alusión a los empresarios que se beneficiaron con la operatoria de venta. En paralelo avanzan en un proyecto para que pequeñas cooperativas se conviertan en las proveedoras del Estado.

2 junio, 2024
QUE SE DESTRUYA. Yerbateros exigen nuevos estudios y si “se ratifica que es tóxica, que la descarte y que los empresarios repongan el producto o devuelvan con intereses lo que le cobraron al Estado”.

QUE SE DESTRUYA. Yerbateros exigen nuevos estudios y si “se ratifica que es tóxica, que la descarte y que los empresarios repongan el producto o devuelvan con intereses lo que le cobraron al Estado”.

Más allá del escándalo por las seis mil toneladas de alimentos retenidos por la Nación, de los cuales una importante cantidad (2.700 kilos) corresponde a yerba mate comprada durante el gobierno de Alberto Fernández.

En Misiones, tanto productores como autoridades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), están gestionando acciones no solo para que no se reparta esa yerba, sino que directamente se la destruya.

“No sabemos qué yuyos se metieron en esos paquetes que compró el Estado, pero sí estamos al tanto que los análisis que hizo el INYM demostraron que no era apta, por lo tanto debería ser destruida”, reclamó el productor yerbatero y dirigente Cristian Klingbeil, para quien, la denuncia que existe contra los funcionarios (el Ejecutivo nacional demandó este viernes a la exministra de Desarrollo Victoria Tolosa Paz por irregularidades en la compra de yerba misionera), “también se debe investigar a los empresarios que participaron en la operación”.

“Acá hay que ir hasta el fondo y se tiene que investigar tanto a los funcionarios que participaron de las operaciones y no controlaron lo que estaban comprando, pero también a aquellos empresarios que vendieron esa porquería. Y que por sobre todo se reponga con yerba en condiciones, porque eso se compró con fondos públicos para ayudar a la población más necesitada. Si no la pueden reponer, entonces que devuelvan la plata con los intereses que corresponden”, pidió enfático.

“Claramente, esa yerba comprada por el Estado nunca recibió los controles que correspondían y recién se pudo advertir lo que estaba ocurriendo cuando gran parte de esos pallets ya fueron entregados. De hecho, el Instituto (por el INYM) al tomar conocimiento y proceder a su análisis informó a las autoridades de entonces que esa yerba no tendría que repartirse, pero así y todo se entregó un gran porcentaje. Lo que pedimos ahora es que ese gran porcentaje que queda en los galpones (una cantidad cercana a las 2,7 toneladas) se elimine”, sostuvo el dirigente.

Y agregó: “La compra se hizo por $18 mil millones, que en un conteo rápido son más de 17 mil kilos de yerba. En los galones quedan algo más de dos mil kilos, entonces a alguien le metieron esa yerba”, en alusión al grupo de beneficiarios de las bolsas de mercadería, quienes para Klingbeil, “son personas de una gran vulnerabilidad y se les pudo afectar la salud”.

“No era necesario ni siquiera ser experto en cuestiones de salubridad para darse cuenta que esa yerba estaba mal”, reiteró.

Hay que recordar que, en ese momento (entre 2022 y 2023) cuando se hicieron las primeras denuncias públicas sobre la mercadería en cuestión, algunas versiones señalan que se había elaborado con producto cosechado en yerbales y teales abandonados, por lo tanto su contenido también podría estar compuesto por plantas nocivas.

“Por eso pedimos que se hagan análisis más profundos. Pero, primero que nada, no se debe entregar; segundo, se tienen que hacer análisis completos para saber qué tiene esa yerba y si se determina su toxicidad, que se destruya”, repitió enérgico.

Durante la pandemia

La presunta operatoria fraudulenta se remite a los meses de pandemia en 2020, cuando se hicieron públicos algunos videos que exponían los casos que derivaron en la investigación del INYM para determinar el estado del producto.

Sin embargo, las cosas siguieron su curso y un año después, según se había publicado en el Boletín Oficial el 8 de noviembre de 2023, y a un mes que el peronismo dejara el poder en manos de La Libertad Avanza, desde la excartera a cargo de Tolosa Paz habían justificado la compra con los resultados de una “evaluación técnica” solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social a la Universidad Nacional de San Martín donde se le aconsejó qué propuestas aceptar y cuáles desestimar.

Ese “dictamen de evaluación de ofertas”, data del 18 de septiembre de 2023 y fueron beneficiadas la distribuidora Compañía Comercial Mayorista SRL, que suministraría yerba marca “El Buen Ojo”; Yerbatera Kleñuk, de Ignacio Kleñuk, a la cual se le compró yerba mate elaborada con palo de la misma marca; y a la empresa de Hugo Oscar Holowaty, a quien se le compró la marca “Sierra del Imán”.

Las tres firmas que ofertaron la yerba habían propuesto exactamente el mismo valor por cada paquete de un kilo: $1.518,90.

“Estos negociados se tienen que terminar y como productores creemos que recién podrá ocurrir cuando las pequeñas cooperativas puedan ofertar su producto como proveedoras. En varias ocasiones ya hemos hecho ese planteo, que las marcas chicas tengan la oportunidad de vender al Estado y no que dos o tres grandes se queden con un negocio millonario donde siempre hay denuncias por sobreprecio de productos de mala calidad”, finalizó el yerbatero.

 

“Con signos de estar presuntamente adulterada” 

El año pasado se había avanzado en una especie de convenio entre el INYM y el ex Ministerio de Desarrollo Social para revisar en conjunto el listado de operadores que iban a proveer al Estado con la yerba mate.
“Luego que nosotros hicimos todo ese trabajo de seguimiento sobre la yerba adquirida y les informamos a quienes ocupaban la función pública sobre los resultados que obtuvimos de los laboratorios, porque nuestros resultados eran contundentes, porque se trataba de yerba con signos de estar adulterada, la cosa quedó ahí”, recordó uno de los directores por la Producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, Marcelo Hacklander, quien había participado activamente en los operativos para determinar su estado.
“Hoy (por el viernes) enviamos nuevamente a los funcionarios de Capital Humano los resultados de laboratorio que son concluyentes porque esa yerba estaba mezclada con materia extraña y era de pésima calidad, excedida en palo. Era un desastre total eso”, acotó Hacklander.
“Se sabe y no se puede pasar por alto que esa yerba tiene una mezcla de otra cosa que no es yerba, era una porquería eso”, insistió.
A nivel nacional existe una fuerte movida y reclamo para que la cartera que conduce Sandra Pettovello reparta el alimento, lo que está almacenado en los galpones. Entre los pallets retenidos por la actual gestión junto con varias toneladas de leche y otros alimentos se encuentran 2,7 toneladas de la cuestionada yerba; por ello, los distintos referentes yerbateros exigen que, al menos en lo que respecta al producto, no se entregue.
Un informe de este Diario en abril de 2022 expuso que el 15 de diciembre de 2020 “el Gobierno compró yerba mate a dos empresas a las que detectaron una supuesta adulteración”. Se trataba de un cargamento con un millón de paquetes de un kilo por casi $184 millones. Según el artículo, Hugo Holowaty, con Yerutí, vendió al Estado 750.000 paquetes por $187,97 por unidad, e Ignacio Kleñuk lo hizo por 150.000 paquetes a $161 cada uno.
“En el último año, la Policía de Misiones y el INYM realizaron operativos, según contó una fuente al tanto de esto, por palitos de yerba mate, un material de descarte que no se debe incorporar al producto pero que se habría comercializado para sumarlo al mismo. Los operativos en general fueron por mercadería por $147 millones”, señaló entonces PRIMERA EDICIÓN.

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Tags: adulteradaBuen OjoINYMPandemiaSierras del ImánYerba Mate
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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