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Intendentes presionan a Milei por los subsidios al transporte

Reclaman que vuelva el Fondo Compensador y se financie a partir del impuesto a los combustibles. De aprobarse, impactará en el equilibrio fiscal.

9 junio, 2024

Un nuevo tema con costo fiscal para el Gobierno se fogonea en el Congreso y cobró fuerza con la presencia de un grupo de intendentes de todo el país, quienes viajaron a Buenos Aires para tocar la puerta de senadores y diputados en un tema que toca transversalmente a los bloques: el reclamo por los subsidios al transporte del interior.

A través de un proyecto de ley, que algún legislador buscará recoger para presentar como propio o en todo caso mejorar, los jefes comunales de todas las provincias exigen la vuelta del Fondo Compensador y un mecanismo de financiamiento equitativo y federal, a partir de lo producido por el impuesto a los combustibles.

El mismo día en que la oposición unida en la Cámara de Diputados le asestaba un duro golpe al oficialismo con la media sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el presidente Javier Milei ratificó está dispuesto a vetar, representantes de la “Red Federal de Intendentes” se congregaron en el marco de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado.

Desde el Salón Illia, Daniel Passerini, intendente de Córdoba capital, recordó: “En enero nos encontramos con una resolución unilateral, inconsulta, de eliminar el Fondo Compensador, que era ya una porción insuficiente. En ese momento ese Fondo ya representaba el 15% (de los subsidios al interior) y el 85% se quedaba en el AMBA. Ahora ese 15% directamente desapareció”.

Ante los senadores, el cordobés aseguró que hay “fundamentos muy claros, concretos y dolorosos de la realidad de las asimetrías y de las injusticias que tenemos en el interior de la Argentina respecto del transporte”.

Sobre la decisión del Ejecutivo nacional, la consideró “mala” porque “está obstruyendo y eliminando derechos”.

En ese sentido, criticó fuertemente el discurso libertario: “La casta no viaja en colectivo, en colectivo viajan los estudiantes, los trabajadores, la gente que va a producir. Y obviamente el impacto negativo de esta medida está recayendo directamente sobre las arcas de los municipios”.

 

Interior vs AMBA: de cuánto es la diferencia en el boleto

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló de números que evidencian “la gravedad, la urgencia y lo inaceptable” del asunto. “Hoy el boleto de pasajeros tiene una diferencia entre el AMBA y el interior de cuatro veces. En días más, días menos, el boleto mínimo en el interior va a estar arriba de los 850 o 900 pesos, mientras el boleto en el AMBA está en 270”, se explayó.

Yendo al corazón del proyecto de ley que dejaron a disposición, explicó que “el impuesto a los combustibles en Argentina se recauda en cualquier estación de servicio del país al mismo valor. Ese impuesto aumentó cuatro veces en lo que va del año. Nosotros recibimos en 2023 el 20% de lo que nuestras ciudades aportaban en materia del impuesto a los combustibles, mientras que el AMBA recibe el 481% más de lo que aporta”.

Javkin reclamó “no seguir sosteniendo una disparidad en torno a un impuesto que se recauda absolutamente en toda la Argentina” y que “debe ser el único que a nivel federal se reparte de esa manera”.

“Si esta no aplicación del Fondo se sostiene en el tiempo, lo que está pasando hoy es que la mayoría de los prestadores del interior han entrado en procedimientos de crisis o de situaciones homólogas, con lo cual paradójicamente pasaríamos a un sistema estatizado de los municipios del transporte público de pasajeros, que sería evidentemente una catástrofe para todos”, advirtió.

Además de exponer en esa reunión del Senado, los intendentes estuvieron con diputados. Horas después, la Comisión de Transportes de la Cámara baja se reunió y abordó el tema. Todos los bloques coincidieron en avanzar lo más “rápido posible” con un proyecto. Incluso, desde Unión por la Patria se deslizó que podían pujar un emplazamiento de las comisiones -un mecanismo que acelera los trámites-, pues Presupuesto y Hacienda sería la otra involucrada y su presidente, el oficialista José Luis Espert, es el encargado de abrirla.

Sin embargo, la radical Pamela Verasay le bajó el tono a la presión y dijo que impulsará el debate primero por la comisión cabecera, atento también a que está “próxima” la discusión del Presupuesto para el año que viene, donde buscarán introducir la problemática.

 

Financiamiento a partir del impuesto a los combustibles

El proyecto acercado a los legisladores por la “Red Federal de Intendentes” propone la creación del “Fondo Federal de Compensaciones para los Sistemas de Transporte Públicos de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del interior del país” con el objetivo de “garantizar una equitativa y federal distribución de las compensaciones tarifarias y al fortalecimiento de los sistemas de servicio público de transporte”, con excepción del AMBA.

En la iniciativa, de tan solo seis artículos, se prevé la incorporación de un inciso al artículo 19 de la Ley 23.966 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono, de modo de establecer que un 14,29% de lo producido por este tributo se destine a financiar al Fondo.

A su vez, los recursos que de allí se distribuyan deberán ser destinados a compensar los incrementos de costos incurridos por las empresas y para la compra y renovación del parque automotor.

“La metodología de distribución se realizará conforme los criterios establecidos por la Secretaría de Transporte, que estará determinado por los kilómetros recorridos por cada jurisdicción y agentes computables”, detalla.

“Los aportes que hoy realizan las provincias y municipios en concepto de impuesto a los combustibles no se ven reflejados en devoluciones proporcionales en favor de las jurisdicciones aportantes del interior mientras que al mismo tiempo se vuelcan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana (AMBA)”, señalaron en los fundamentos.

Además, insistieron con que “las grandes diferencias que existen entre lo aportado y recibido por cada jurisdicción han incidido directamente en los costos de cada empresa, al no recibir de manera equitativa los mismos recursos para poder compensar dichos costos”.

“Así, la ciudad de Corrientes tiene una tarifa un 266% mayor que la de CABA, siendo la máxima diferencia, y ciudades como Mar del Plata un 178% más alta que la de CABA y las ciudades de Rosario, Santa Fe y Córdoba un 160% más”, precisaron en los argumentos.

Una historia desde la crisis de 2001

La historia sobre los subsidios al transporte del interior tiene larga data. En el año 2001, debido a la crisis y la emergencia económica, se implementó un subsidio nacional destinado a los operadores de servicios públicos de transporte automotor denominado “Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU)”.
Más tarde, en 2006, se estableció un Régimen de Compensaciones Complementarias, cuyo destino era mantener el congelamiento tarifario y compensar los incrementos de costos en el AMBA. A raíz de esta situación, surgieron múltiples reclamos por parte del resto del país y en 2007 se impulsaron las Compensaciones Complementarias Provinciales como contrapartida.
El Fondo Compensador, por el cual se reclama actualmente, se creó en 2018 y desde 2019 a 2023 recibió recursos mediante las partidas presupuestarias.
Sin embargo, en febrero de este año, el Gobierno nacional anunció su eliminación.
En una situación similar a que ocurrió con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, tema por el cual también hay propuestas en el plano legislativo -incluso con dictamen-, el Poder Ejecutivo anuló los recursos destinados por este concepto a través del DNU 280/24, emitido a fines de marzo.
En medio de ese contexto, el pasado 21 de mayo, por la Resolución 4/24, la Secretaría de Transporte de la Nación amplió en un 50% los subsidios para el AMBA, lo que terminó de enojar al interior, dispuesto ahora a presionar por una solución.

Tags: 2001Crisisequilibrio fiscalFondo compensadorIntendentesSubsidios al transporte
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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