El escándalo de la mercadería retenida en depósitos que se hizo pública el 22 de mayo sigue dando que hablar, y toca una fibra sensible en las provincias cuando de alimentos se habla, mientras la economía de las familias se hunde y hay cada vez más personas en situación de pobreza o indigencia.
Después de que ocho jueces en cuatro instancias judiciales distintas ordenaran al Gobierno repartir los alimentos, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello pidió asistencia al procurador del tesoro Rodolfo Barra para presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la resolución que ordenaba entregar los alimentos y le ordenó pagar las costas del proceso judicial, tras una presentación que había iniciado el dirigente social Juan Grabois.
Organizaciones sociales, asociaciones, hogares, comedores y merenderos particulares, de la provincia de Misiones, serían los más beneficiados en el reparto de mercaderías, según un informe del diario Clarín, por eso, la atención al tema es primordial.
Días atrás, la Sala II de la máxima instancia penal del país, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar había rechazado por unanimidad el último recurso presentado por Capital Humano por carecer de la debida fundamentación, a lo que se sumaba que la resolución poseía doble conformidad judicial (ya que tanto el juez federal Sebastián Casanello como la Cámara de Apelaciones habían ordenado entregar las cinco mil toneladas de alimentos acumulados en depósitos de Villa Martelli, Buenos Aires; y Tafí Viejo, Tucumán).
Ahora Leila Gianni, abogada a cargo de la subsecretaría legal de Capital Humano, recurre al procurador del tesoro Rodolfo Barra, y a sus recursos, para elaborar y presentar un recurso extraordinario federal para ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación se realiza luego de que el fin de semana, otro juez federal del fuero contencioso administrativo, Walter Lara Correa ratificara la orden de entregar alimentos y restituir las políticas alimentarias en el marco del amparo colectivo impulsado por la UTEP y el CELS. De esta manera, ya son ocho los jueces federales que ordenan al Fobierno de Milei a entregar los alimentos.
Lo que Pettovello alega en su reclamo es que los reveses judiciales que acumuló en tres instancias distintas pretendían entrometerse en “políticas públicas” que debe definir el Poder Ejecutivo y no el Poder Judicial.
“El tiempo dirá si fueron correctas o incorrectas las decisiones que se tomaron en un ámbito de competencia exclusiva, lo que claramente es incorrecto es que el Poder Judicial se entrometa en las mismas”, dice el escrito presentado por Barra para frenar el reparto de alimentos.
A pesar de su fallo, la Justicia interpretó que no obstaculiza “las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho”.
Cinco millones de alimentos retenidos
El diario porteño Clarín dio a conocer el informe oficial al que tuvo acceso, sobre la auditoría que determinó la cantidad de cada alimento en existencia.
De acuerdo a ese informe, quedan exactamente 72.186 unidades de aceite de mezcla de 0,9 litros; 1.142.475 de aceite de girasol de 0,9 litros, 302.508 de aceite de soja de un litro y medio, 23.592 paquetes de arroz con carne de medio kilo; 232.170 latas de garbanzos de 400 gramos, 459.054 kilos de leche en polvo, 1.249.753 cajas de lentejas de 400 gramos, 26.208 partidas de medio kilo de locro, 284.850 unidades de pasta de maní de 15 gramos, 259.334 latas de puré de tomate de medio kilo y 3.036.685 kilos de yerba.
Siempre según el informe al que aludió el medio porteño, el 30% se lo llevará la provincia de Buenos Aires, que no quedó conforme con la metodología elegida para definir las cantidades.
Yanina Nano Lembo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, informó que se utilizará el Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE) como criterio para la distribución, un sistema que clasifica áreas geográficas basado en el Censo de 2010.
Detrás del gobierno de Axel Kicillof están Misiones y Chaco con el 8% del total cada una; seguidas por Salta y Mendoza 7%, Santiago del Estero y Santa Fe 6%, Tucumán 5%, Corrientes y Formosa 4%, San Juan 3%, Jujuy, Córdoba y Entre Ríos 2%, Río Negro, La Rioja y Catamarca 1%, Neuquén 0,54%, San Luis 0,5%, y Chubut, La Pampa, Santa Cruz y CABA 0,25%.
Fuente: El Destape/Perfil/Clarín.
