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Denuncian otra “irregular y polémica” multa de parte de Ecología por $40 millones

Notan tres anomalías graves: secuestran un camión de palos de escoba estimando que el 20% es madera nativa, pero nunca midieron; delegaron facultades a Rentas, lo cual está prohibido; y depositaron el camión en la Policía, que nunca firmó el acta. Pidieron la “nulidad del acta”, pero desestimó “sin fundamentos”.

26 agosto, 2024
ESTIMACIÓN. Los inspectores forestales dijeron que no se podía medir la madera y “estimaron” que el 20% sería nativa, lo cual no está permitido.

ESTIMACIÓN. Los inspectores forestales dijeron que no se podía medir la madera y “estimaron” que el 20% sería nativa, lo cual no está permitido.

El Ministerio de Ecología fue noticia en las últimas semanas por aplicar varias multas millonarias utilizando una ley nacional, a pesar que la ley provincial tiene otra escala de sanciones con montos menores. Esta situación despertó críticas desde varios sectores instalándose la idea de que se ha ido convirtiendo en un “organismo recaudador” al mismo tiempo que cada vez hay menos controles y crece la tala ilegal para robar madera nativa y la caza furtiva. Uno de los casos que publicó PRIMERA EDICIÓN semanas atrás, refiere a una multa de $74 millones a un camionero que no era propietario de la carga de postes de urunday y solo prestaba servicios de transporte.

El hombre tiene el camión retenido hace seis meses sin poder trabajar y no le dan otra solución que pagar la multa. Lo insólito es que desde la delegación de Alem de Ecología le suministraron una guía por mensaje de Whatsapp, durante el operativo, pero después negaron que sea original. Con lo cual quedó bajo sospecha una maniobra para vender guías “truchas” donde estaría involucrado el empresario que contrató al maderero y algún funcionario del Ministerio.

El ministro Martín Recamán está al tanto de la situación. En otro caso, el Ministerio sancionó con $34 millones a un cacique mbya de Puerto Iguazú sin pasar previamente por la Dirección de Asuntos Guaraníes, como establece el procedimiento, debiendo luego dar marcha atrás con esa última medida.Ahora se suma otra polémica multa, por $40 millones, a un empresario PyME y su hijo que transportaban una carga de palos de escoba, la cual tenía, supuestamente, el 20% de madera nativa sin guías. Sin embargo, el abogado que defiende a los propietarios planteó que el accionar de los inspectores estuvo plagado de errores y solicitó la nulidad de todo el proceso, pero la única respuesta que recibió fue “pagar”.

 

Medición no, estimación

Daniel Braunstein, el abogado de la PyME sancionada, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “en marzo secuestran el camión cargado con palitos de escoba, dicen que había una parte de madera nativa, pero no miden ni dicen cuánto era la cantidad, solo hacen una estimación. Secuestraron la totalidad de la carga por una suposición y al momento de establecer la medición dicen que estimativamente existe el 20% de origen nativo sin guía”.

El letrado sostuvo que lo primero que debe tener el acta es la medición del producto que se secuestra en el momento de confeccionar el acta, y en este caso no se hizo. “Después la Dirección Jurídica intenta salvar esa falta pidiendo a Control Forestal, de manera extemporánea, que realice una medición, pero Control Forestal le responde que es imposible medir porque son palitos de escoba”, sostuvo Braunstein.

“Entonces: no midieron y hacen una estimación de cuánto es la madera nativa y sin guía, pero en ningún momento la Ley de Procedimiento Administrativo le permite al Ministerio de Ecología hacer una estimación y aplicar una multa de 40 millones en base a una suposición”, agregó.

 

Otras irregularidades

El abogado señaló otras irregularidades durante el operativo que fundamentan su planteo de nulidad de todo el procedimiento: “El acta de secuestro dice que quedó secuestrado en la Policía pero la Policía no firma el acta”, contó.

Y la tercera es que “termina interviniendo la Dirección General de Rentas que es otro organismo que aplica la ley fiscal, es una delegación de facultades prohibida”. “Ellos le dan participación y Rentas también secuestra el camión, hace un acta. Entonces Ecología delegó facultades y eso se prohíbe en la Ley de Procedimiento Administrativo. Por eso planteamos el recurso y decimos que el Acta es nula”, enfatizó Braunstein.

Recordó que “el 23 de marzo presentamos el recurso en tiempo y forma planteando la nulidad del Acta, luego presentamos tres pronto despacho administrativo para que resuelvan la cuestión, pasaron tres meses y no nos dieron ninguna respuesta”. “Después de llamar y presentarme varias veces, y que mi cliente se presentara varias veces, lo único que hacen es desestimar mi planteo de nulidad y exigir 40 millones de pesos de multa, sin dar ningún argumento que sostenga sólidamente la desestimación”, se quejó. “Es un disparate por varios aspectos: primero que no midieron la carga, segundo el monto de la multa es impagable, y tercero que no tiene ningún argumento para desestimar. Le mostramos que hicieron todo mal y nos responden que vayamos a pagar”, remarcó.

 

Recurso de Revocatoria

A raíz de estas “irregularidades”, Braunstein presentó un Recurso de Revocatoria en el Ministerio y anticipó que irá a la Justicia en caso de no tener una respuesta fundamentada con argumentos.

En la Revocatoria le indica a Recamán que “dicho acto administrativo adoleció de vicios que lo convertían en un acto nulo de nulidad absoluta ya que no se cumplieron con los requisitos y formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico que regula la actividad”.

Menciona que “al analizar la situación y más precisamente el Acta de Inspección que ha sido el acto administrativo que diera origen a las presentes actuaciones y a todas sus consecuencias (secuestro de camión y semirremolque, carga), y a la fecha condena al pago de multa, se evidencian varias falencias, errores y omisión de requisitos que vician de nulidad dicho acto administrativo”.

Además destaca que “Rentas de Misiones no es organismo de Aplicación de la Ley de Bosques y mucho menos existe convenio entre ambos organismos que fundamenten lo hasta aquí actuado”. “La Ley de Bosques es clara al mencionar al Ministerio de Ecología como órgano interviniente en su aplicación y no Rentas”, señala la Revocatoria.

 

Sospechosa guía no se investigó

Un camionero de Alem, identificado como Alberto “Nene” Kamchen, excombatiente que hace 40 años se dedica al transporte, recibió una multa de 74 millones de pesos (800 sueldos de la APN) y desde hace 6 meses le retuvieron el camión que era su única fuente de ingreso. Explicó a PRIMERA EDICIÓN que fue contratado por un brasileño identificado como Everaldo Garbín, para transportar postes de urunday desde San Javier a Porto Xavier. Dijo que una vez cargado el camión, lo dejó estacionado en una estación de servicio a la espera de que llegue el propietario con la guía para cruzar a Brasil.

Kamchen dijo que “estando mi camión estacionado, llegó Ecología y realiza un acta de infracción” pero en el mismo momento un funcionario de Ecología de Alem le pasa una guía por Whatsapp y le promete que luego le enviará el papel. Al parecer, esa guía era “trucha” y no la tuvieron en cuenta. El funcionario luego borró el mensaje y el dueño de la guía madera no se hizo cargo.

En la guía se observa la misma fecha del procedimiento y el nombre de Everaldo Garbín como propietario de los postes de urunday. El camionero se comunicó telefónicamente con el ministro Martín Recamán y le explicó la situación: al parecer, el empresario que lo contrató tenía la promesa de alguien de Ecología de “conseguirle” una guía. Según el camionero, el funcionario de Ecología de Alem sigue en sus funciones y el Ministro no ordenó que se investigara este hecho.

¿GUÍA TRUCHA? Le pasaron por Whatsapp al camionero pero nunca llegó en forma física. Se informó la situación al ministro Recamán.

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Tags: EcologíaGuíasIrregularidadesMinisterio de Ecología de MisionesMultas
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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