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La mentira de la “pauta oficial cero” de Milei que solo aplica a los “críticos”

El editor del diario perfil reveló repartos por 130 mil millones de pesos entre los medios amigos. Discriminación y el rol clave de Santiago Caputo y Karina Milei.

15 septiembre, 2024

Un informe de la revista “Noticias”, señala que el gobierno de Javier Milei no cortó las pautas oficiales como había anunciado y señala: miente desde que asumió. El 10 de diciembre pasado dijo que se terminaba, por un año, la publicidad oficial para los medios. “¿Queremos ser libres? Seamos libres en serio: pauta cero”, se envalentonó ante el Congreso para explicar que “no había plata” ni para dar a conocer los actos del Gobierno en la prensa. Pero aquella promesa duró un suspiro.

Ya a partir de enero, la pauta publicitaria del oficialismo se hizo presente en los medios –grandes y medianos– que lo acompañaron desde el día uno. Aunque no en aquellos que mantienen una mirada crítica y cumplen la función primordial del periodismo: investigar al poder. Entre ellos, el Grupo Perfil.

Otra vez, como en los años del kirchnerismo, la publicidad oficial se utiliza para premiar a los amigos que aplauden y para discriminar y apretar a los medios que se atreven a hacer su trabajo. Lo de la “pauta cero” corre solo para los segundos. Para los aliados, el grifo se abrió.

La revista Noticias accedió a un informe de Kantar Ibope Media, la empresa dedicada a realizar mediciones de audiencia en los medios de comunicación. Los números son elocuentes. Aunque el Gobierno no pauta a través de Presidencia de la Nación, sí lo hace por intermedio de otros organismos estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Aerolíneas Argentinas y el Banco de la Nación.

En total, de enero a junio, YPF lleva gastados más de $125 mil millones en pauta oficial, fundamentalmente en televisión. Aerolíneas y el Banco Nación son más modestos, pero también ayudan: 547 millones pautó la primera empresa y 539 millones la segunda. Sumando todo, el resultado arroja $126.505.339.992.

No “pauta cero”, sino $126 mil millones. A los cuales se suman, además, los $100 mil millones de fondos reservados que, por decreto, el Presidente semanas atrás le inyectó a la SIDE, y sobre los cuales no debe rendir ninguna cuenta.

Aquel decreto fue rechazado por Diputados y esta semana corrió la misma suerte en el Senado, pero lo cierto es que ya se llevan gastados 80 mil millones de la cifra total. ¿En qué?

La hipótesis más repetida en el círculo de la política y el de los medios habla de una nueva “cadena de la felicidad” para cooptar al periodismo, como sucedía, también, con Carlos Menem y los Kirchner.

El término data de los años ‘90. “Pauta no cero” y fondos reservados conformarían, de ese modo, el combo con el que el Gobierno intenta mantener el control sobre la opinión pública.

 

Las cajas de Milei

En YPF, la gran vaca lechera de los avisos estatales, trabaja Guillermo Garat, quien ostenta el cargo de vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing. Es, además, un viejo conocido de Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei que hace y deshace en materia de pauta oficial, maneja la relación con los medios y dirige la tropa de trolls libertarios en las redes sociales.

Caputo y Garat fueron alumnos de Jaime Durán Barba, el gurú ecuatoriano de Mauricio Macri, al igual que un tercer amigo, Rodrigo Lugones. Los tres luego abrieron su propia consultora, Move, y hoy coinciden en el Gobierno.

Los empresarios del rubro periodístico coinciden en que es Caputo es el que distribuye “a dedo” la publicidad oficial entre los aliados mediáticos de La Libertad Avanza, y que su amigo Garat, desde YPF, simplemente ejecuta la orden.

En el último mes medido por el informe antes citado de Kantar Ibope, julio, el número pegó un salto que alegró a los bendecidos por la pauta: de $76 mil millones de junio pasó a los $125 mil millones del mes siguiente.

Otra cosa ocurrió en paralelo, y también en julio: el decreto presidencial de los $100 mil millones discrecionales para la SIDE, el organismo en que también se mueve a sus anchas el mismo Caputo.
Fue él quien, con ayuda de su amigo Lugones, le dio forma al nuevo organigrama de la casa de los espías, le devolvió su nombre original y pidió esos fondos reservados imposibles de auditar.

Julio fue, entonces, el mes en que la “cadena de la felicidad” terminó afianzándose. En Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, cajas que, en lo que va del año, distribuyeron más de $500 millones de publicidad oficial cada una, también señalan a Caputo como el que toma las decisiones.

Llamativamente, también son dos reparticiones estatales que no dependen directamente de Presidencia. ¿Por qué el Gobierno terceriza la pauta a través de esas dependencias?

Un empresario de medios, que pide hablar off the record ante Noticias, tiene esta respuesta: “Con eso creen que zafan de tener que respetar los criterios de distribución de pauta oficial que fijó la Corte en el caso de ustedes. Como no la reparten vía Presidencia, creen que pueden hacer lo que quieran”.

El empresario se refiere al fallo de la Corte Suprema que sentó jurisprudencia sobre el tema de la publicidad oficial y que conminó al gobierno kirchnerista a resarcir a Editorial Perfil por haberla discriminado desde un comienzo en el reparto de la pauta.

Ese fallo, incumplido por el kirchnerismo, habla de igual pauta publicitaria a “medios análogos”, es decir, ninguno debe ser discriminado o tener menos avisos que otro medio del mismo rango.

El plan que, en cambio, anuncia el Gobierno para la distribución de la pauta oficial es solo publicar avisos en medios de más audiencia. “Por ejemplo, los diez o los cinco primeros”, explica en off un funcionario que trabaja en el tema. Pero eso choca contra lo que dictaminó la Corte en el caso Perfil.

No es, además, lo que está ocurriendo hoy. Porque los avisos son para grandes medios, pero también para pequeñas publicaciones que no entrarían en ese ranking. Por ejemplo, la revista Newsweek Argentina acaba de publicar una tapa reveladora: “El plan clave de YPF”, se titula. El Grupo Perfil inició demandas judiciales contra el actual Gobierno por este nuevo caso de discriminación en el reparto de la pauta.

Desde YPF, una de las empresas demandadas, la respuesta fue insólita: argumentaron que la petrolera no tenía que rendir cuentas sobre el criterio usado para distribuir su publicidad oficial porque se trata de “una empresa privada”. Increíble, pero real.

Hay una cuarta caja del Estado que se agregó en agosto, la de la AFIP, que gastará $1.500 millones mensuales en pauta oficial para su campaña sobre el blanqueo de capitales y que continuará, según estiman en el oficialismo, hasta marzo del año que viene. Todo suma.

 

Los intermediarios de Milei para la pauta oficial

Entre los empresarios de medios trascendió que el asesor Caputo actúa acompañado en el manejo de la pauta del Estado. Cuatro fuentes que hablaron para esta nota mencionan a la consultora Alejandra Rafuls como alguien que, de mínima, acercó ideas y lo desasnó sobre los mecanismos del rubro. Los consultados aseguran que el asesoramiento es informal y que Rafuls se mueve cómoda en esa trastienda.

¿Qué dice ella? “Yo trabajo hace más de treinta años con el Sanatorio Güemes y conozco a Rodrigo Lugones de muy chiquito. No estoy contratada por el Gobierno, pero jamás le negaría una consulta”.

La mención de Lugones, el socio de Santiago Caputo, no es casual. Lugones padre, Mario, es el hombre fuerte del Sanatorio Güemes y también del actual Ministerio de Salud.

De ahí viene la relación de ella con Caputo: Lugones hijo, como se dijo, trabaja codo a codo con el asesor estrella de Milei.

Fuera de grabador, a su lado agregan que conoció a Caputo, pero que hace algunas semanas ya no habla con él. “Alguna vez Caputo le hizo una consulta o le pidió opinión sobre algún tema. Pero que ella no trabaja para el Gobierno”, dice un allegado a la mujer.

 

El regreso del “Coti”

Rafuls, una consultora conocida en los años del menemismo, en los que defendió, entre otros, al entonces polémico titular del PAMI, Víctor Alderete, tiene un vínculo de larga data con el histórico operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, uno de los dueños del Sanatorio Güemes al que ella le hace prensa.

Lugones padre, Mario, el gran influyente del Ministerio de Salud, también responde al “Coti”. Y como no podía haber dos sin tres, en la Secretaría de Estrategia Nacional del Gobierno aparece otro aliado del operador radical, José Luis Vila, quien ayudó a Santiago Caputo en su tarea de reformatear la SIDE. En esa misión, aseguran, también participó Rafuls.

¿Significa que Nosiglia está de vuelta? Cerca del radical desestiman la hipótesis y explican que ahora sus alumnos, ya crecidos, se mueven con autonomía. “Es cierto que ‘El Coti’ los formó, pero ya son grandes”, explica un amigo del operador.

En el sitio La Política Online también se habló del papel de Rafuls junto a Caputo. Según ese medio, ella recurre a los hermanos Jorge y Tomás Noguer, propietarios de la consultora Tonal, para tercerizar la distribución de la pauta oficial digitada por Caputo.

Los intermediarios para este tipo de maniobras cobran una comisión que ronda el 15%, pero que puede ser incluso superior. ¿Para qué esa tercerización si el Gobierno ya tiene a Télam como agente de distribución de la publicidad?

Si la agencia de noticias no se cerró por completo fue justamente para mantenerla en ese rol.

Hay sospechas y acusaciones entre los empresarios de medios. ¿Dónde terminan realmente esas comisiones que deben pagar ellos?

Tonal contestó por escrito lo siguiente ante la pregunta de la revista Noticias: “Nosotros no manejamos la pauta de YPF, Aerolíneas Argentinas o Banco Nación. Una parte de nuestra actividad es representar comercialmente a medios de comunicación que nos autorizan a hacerlo, para vender sus espacios publicitarios para clientes del sector privado y público, como lo hemos hecho desde 1971”.

La respuesta la hicieron llegar vía Rafuls, que es amiga de los hermanos Noguer.

Es un “sí, pero no”. Tonal en las formas no aparece contratada por el Estado, sino por los medios interesados en obtener la pauta. Pero, de una u otra forma, está. Radio Mitre, por dar un ejemplo, es alguno de sus principales clientes.

Un empresario del rubro pide anonimato para detallar el modus operandi: “A los medios, estos intermediarios les venden que tienen la representación de tal o cual organismo del Estado para poner pauta. Si el medio quiere la publicidad, los tiene que contratar a ellos”.

Por último, en el ambiente de los medios del interior, el intermediario que suena fuerte es AB Comunicaciones Los Césares, la consultora liderada por Carlos Azzariti.

En este caso, la tercerización y las comisiones que ella genera se las atribuyen al secretario de Prensa del Gobierno, Eduardo Serenellini.

El consultor Azzariti no respondió los mensajes de Noticias. Serenellini solo contestó: “El tema pauta no corresponde a mi secretaría”.

Azzariti trabaja en el área de Comercialización de Página/12 –un curioso caso de un medio que, a pesar de sus críticas al Gobierno, tiene pauta oficial– y además es miembro de la junta de directores de la asociación ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas).

Ante las insistentes versiones que señalaban que el consultor se arrogaba la representación de los medios del interior con el aval de esa institución periodística, ADEPA publicó un comunicado interno para alertar a sus socios.

Se lee allí: “Ante consultas recibidas en nuestra entidad, informamos que ADEPA no tiene relación comercial con agencias de comunicación que se dedican a gestionar publicidad de empresas públicas o privadas para la industria de medios”.

 

La obsesión del Presidente

Milei ya explicitó que tiene una cuestión personal con Jorge Fontevecchia y Perfil. En sus brulotes en las redes suele tratar de “Tinturelli” al fundador de la revista Noticias, y en un reportaje con Alejandro Fantino pronosticó que “ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra, ¡qué bueno!”.

Fontevecchia le respondió a Milei en su programa radial. “Mire, Presidente. No pudo quebrarnos la dictadura militar. No pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios y el asesinato de José Luis Cabezas. No pudo quebrarnos Néstor Kirchner poniendo cero de publicidad oficial. Tampoco va a poder usted”.

La enumeración sirve para mostrar que la discriminación con la publicidad oficial es un tema que viene de lejos. En la llamada Era K, desde el primer día Noticias y los demás medios de la editorial fueron marginados en la distribución de la pauta por la simple pretensión de seguir haciendo periodismo y no propaganda, como quieren los oficialismos de turno.

El secretario de Medios del gobierno de Néstor Kirchner, Enrique Albistur, llegó al extremo de iniciarles demandas penales a periodistas de esta revista pidiendo su prisión.

Ese juicio quedó en la nada, así como otro, el que Perfil le inició a aquel gobierno, sí terminó en el fallo de la Corte Suprema que dictaminó dándole la razón a la editorial e intimando al Estado a resarcirla por los años de discriminación y apriete. Ahora, otra vez, un gobierno vuelve a usar la publicidad oficial como método de premios y castigos, como garrote y zanahoria. Las viejas mañas nunca mueren.

Por Franco Lindner, editor de perfil

Obligado por ley

Por ley, el Gobierno está obligado a publicar sus actos de gestión. Es decir que la publicidad de los actos de Gobierno es una obligación constitucional, que se encuentra avalada por diversos fallos de la Corte Suprema.

Esto tiene que ver con la transparencia de la gestión, la prestación de servicios esenciales a la población y la auditoría ciudadana de los actos de Gobierno.

 

Karina y el control de los fondos de la pauta publicitaria

Hace tiempo que Milei rompió su promesa de campaña sobre la “pauta cero”, señala una nota del sitio REALPOLITIK.

Y agrega, su Gobierno había comenzado a invertir fortunas en publicidad oficial a través de organismos descentralizados, como el caso de AFIP, que habilitó partidas por más de 1.000 millones de pesos mensuales con la excusa de promover el blanqueo de capitales.

En esta ocasión, sin embargo, la noticia ahora excede a los entes descentralizados. La dirección nacional de Publicidad Oficial, que conduce Horacio Minotti, y que depende de la secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, comenzó a ordenar las plantillas de proveedores con el claro y manifiesto objetivo de otorgar pauta publicitaria a los medios de comunicación afines al Gobierno.

El manejo de los fondos destinados a la pauta publicitaria había generado tensiones en la Casa Rosada, pues fuentes cercanas al Gobierno revelaron que Santiago Caputo, quien fue el encargado de establecer el sistema de distribución a partir de organismos descentralizados, lo hacía “a dedo” y escapando al control directo de la hermana del presidente Javier Milei.

Se sospecha que, a raíz de ello, ahora la administración de la pauta estará bajo el control directo de Karina Milei, una maniobra que responde a las internas dentro del Gobierno por la falta de transparencia en la gestión de estos fondos.

Según revelaron fuentes del gobierno, la decisión de Karina de tomar las riendas de la pauta surgió tras enterarse de las maniobras de Caputo, quien había canalizado miles de millones a través de distintos organismos, incluyendo YPF y Aerolíneas Argentinas, sin su consentimiento.

Karina Milei, quien se ha mantenido como una figura influyente pero discreta en el gobierno nacional, asumirá el control de los fondos de la pauta oficial del gobierno nacional, según se desprende de un correo de Horacio Minotti, director nacional de Publicidad Oficial de la secretaría General de la Presidencia de la Nación, al que tuvo acceso REALPOLITIK.

En ese correo enviado a un puñado de proveedores de publicidad, Minotti informó sobre la necesidad de actualizar los datos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO) y renovar las tarifas vigentes.

 

Una promesa rota

El retorno de la pauta oficial contradice frontalmente una de las grandes promesas de Milei durante la campaña. No solo había asegurado que no habría pauta, sino que atacó a otros líderes políticos, como Axel Kicillof y Martín Llaryora, por el uso masivo de fondos públicos para publicitar sus gestiones. Con absoluta impunidad, ahora, esos mismos fondos serán gestionados por su propia familia.

La concentración del poder en torno a Karina Milei y el manejo de estos fondos públicos promete abrir un nuevo escenario de conflictos, marcando un renovado capítulo en la gestión de la comunicación gubernamental.

 

El desmesurado gasto en publicidad de YPF

En el Congreso Nacional descreen de la promesa electoral de Javier Milei sobre “pauta cero” a los medios de comunicación; un eje central de su campaña y que lo argumenta con su frase “no hay plata”.

En concreto, creen que el Gobierno da pauta oficial a través de otras empresas, concretamente YPF.

“El discurso de austeridad de Javier Milei se choca con la realidad”, advierte hace tres semanas la senadora nacional Silvina García Larraburu, que detalló que la publicidad paraestatal de la petrolera YPF creció un 421,5% durante el primer semestre del año.

“El encargado de ejecutar este gasto publicitario fue el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, desembolsando treinta y tres mil millones (33 mil millones) en los primeros seis meses de 2024. Poco más de 10 mil millones el primer trimestre y poco más de 20 mil millones el segundo trimestre”, describió García Larraburu.

En ese sentido, la legisladora nacional dijo que “ante este desmesurado gasto, es necesario mencionar que en 2023 se invirtieron para el mismo efecto 8.000 millones de pesos”, y recordó que esa cifra “indignó oportunamente” al actual Presidente de la Nación.

“Además de lo que este hecho puntual significa cuando toda la sociedad está sufriendo ajustes salariales y aumentos de bienes, servicios y alimentos, se está prendiendo una alarma que llama a los acreedores del juicio por US$ 16 mil millones que YPF perdió”, remarcó.

En esa línea, la senadora agregó: “Con el argumento que la compañía es parte del Gobierno nacional y está sometida a las decisiones de la Casa Rosada, los acreedores podrían embargar cualquier activo del Estado argentino, amenazando las reservas de oro y dólares que se enviaron al exterior. Con esta decisión se distribuye discrecionalmente pauta oficial enmascarada de publicidad de las empresas y no del gobierno”.

Como parte de su argumento, la senadora también aclaró que el gasto publicitario que está llevando adelante YPF no está acompañada por números similares en la productividad de la compañía. Según el balance presentado, la inversión de YPF cayó un 6% interanual en junio en tanto la producción de crudo se redujo en un 2% debido a la caída del consumo interno.

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Tags: Diario PerfilFranco LindnerGasto PúblicoJavier MileiKarina Mileipauta oficialRevista noticiasSantiago CaputoYPF
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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