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Examen obligatorio para trabajadores del Estado: preguntas, puntaje y requisitos

Guía Completa de la Evaluación de Conocimientos en la Administración Pública.

5 diciembre, 2024
Imagen ilustrativa

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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó este jueves el denominado “Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, que indica el procedimiento para llevar a cabo la acreditación de idoneidad. Se trata de un requisito que deberán cumplimentar de manera obligatoria quienes quieran trabajar en la Administración Pública Nacional.

Así lo indicó la Resolución 26/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Narciso Fariña.

 

¿Qué es la Evaluación General de Conocimientos y Competencias?

De acuerdo con el reglamento, esta evaluación es un proceso obligatorio para aquellos interesados en ingresar al régimen de empleo público regulado por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su Decreto N° 1421/02. Según el Artículo 2° del reglamento, “la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias es un requisito de carácter previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público”.

Esta medida tiene como finalidad verificar los conocimientos y habilidades esenciales de los postulantes, asegurando que cumplen con los estándares necesarios para desempeñar sus funciones dentro del ámbito público.

 

¿Quiénes están a cargo de esta evaluación?

El diseño, organización y coordinación de la evaluación recaen sobre la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Asimismo, se establece que toda la información vinculada a la evaluación estará disponible en el portal oficial Argentina.gob.ar, promoviendo los principios de “publicidad y transparencia durante el proceso” (Artículo 4°).

 

¿Quiénes deben realizarla?

El reglamento distingue entre dos categorías de aspirantes:

1. Profesionales: Aquellos que aspiren a cargos que requieran un título universitario de al menos cuatro años o un título terciario oficial de al menos tres años.

2. No profesionales: Postulantes para tareas relacionadas con oficios, servicios generales, mantenimiento o tareas administrativas que no demanden títulos universitarios.

Según el Artículo 12, los aspirantes profesionales deberán rendir un examen de 24 preguntas, mientras que los no profesionales responderán 20 preguntas. En ambos casos, la puntuación mínima para aprobar es de 60 sobre 100 puntos.

 

¿Cómo se desarrolla la evaluación?

El proceso es presencial, anónimo y digital. Cada postulante deberá registrarse a través del portal oficial, proporcionando datos personales y solicitando un turno para rendir la evaluación. Una vez asignado el turno, se les enviarán credenciales personales e intransferibles que garantizan el anonimato del proceso. La evaluación tiene una duración máxima de una hora, consta de preguntas de opción múltiple y permite hasta tres intentos por año calendario.

El Artículo 10 especifica que “en caso de no presentarse en el turno asignado o concurrir sin la documentación especificada, la persona será considerada como ausente y no estará habilitada para rendir la evaluación”.

 

¿Dónde se realizan las pruebas?

En una primera etapa la realización de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias tomarán lugar en jurisdicciones, organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional, comprendidas en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los lugares estarán en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Belgrano, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Navarro, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate.

 

¿Qué sucede después de la evaluación?

Los resultados son informados de manera inmediata. Si el aspirante aprueba, podrá descargar un certificado digital en un plazo de tres días, el cual incluirá un código alfanumérico único para su validación. Este documento será indispensable para proceder con los trámites de incorporación al empleo público. Según el Artículo 13, “en caso de resultar necesario, podrá descargarse también un ‘Certificado de Asistencia’ desde el mismo portal”.

 

Implicancias de no cumplir con el reglamento

Los aspirantes que no se presenten, no cumplan con los requisitos o utilicen materiales no autorizados durante la evaluación serán descalificados. Además, el incumplimiento de este proceso impedirá acceder a los cargos que exigen esta evaluación como requisito.

 

Garantías de transparencia

El sistema de evaluación está diseñado para garantizar la imparcialidad. Las credenciales son válidas únicamente para el turno asignado, y las respuestas de los aspirantes solo son identificadas después de la calificación. Esto asegura que los evaluadores no tengan acceso a los datos personales de los participantes, preservando el carácter anónimo de las pruebas.

Con esta normativa, el Estado busca fortalecer la meritocracia en el ingreso al sector público, asegurando que los empleados tengan las competencias necesarias para cumplir con los estándares que los ciudadanos demandan. Además, la publicidad de los procesos y la digitalización representan un avance hacia una administración más transparente y moderna.

El reglamento, establecido como Anexo I del Decreto N° 1421/02, marca un paso significativo en la profesionalización del empleo público, alineándose con las políticas de transformación estatal. Como destacó el Ministerio de Desregulación, “este proceso refleja el compromiso del Gobierno con la mejora continua del sistema público de empleo”.

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Tags: Administración PúblicaEmpleados públicosEvaluación
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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