Durante la segunda jornada de juicio oral a Cristian Omar Cristaldo, suboficial de la Policía de Misiones, acusado del delito de “omisión de los deberes de funcionario público” por el faltante en marzo de 2019 de poco más de 20 kilos de marihuana prensada bajo custodia en la comisaría Primera de Eldorado (Unidad Regional III), fueron cuatro los testigos que describieron las circunstancias en que se cometió el robo del estupefaciente correspondiente a un único secuestro de más de una tonelada.
Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta capital, conformado por los jueces Fabián Gustavo Cardozo, como presidente y a los subrogantes Enrique Jorge Bosch y Juan Manuel Iglesias, vocales, el primero de los testimonios correspondió a Cristian Ramón Ayala (39), suboficial (39) de la fuerza provincial que apuntó que durante la mañana del 10 de marzo de 2019 se hizo cargo de la guardia y custodia del depósito donde fue secuestrada la droga, una dependencia que correspondía un sector de calabozos de la comisaría Primera. “Exclusivamente debía vigilar que nadie ingresara al depósito de la droga, que estaba cerrado con candados y con fajas de seguridad”.
Aseguró que ingresó a su turno a las 10.50 aproximadamente y que el encargado anterior, suboficial Nicolás Ricardo Quintana, le dijo que notó bolsas de arpillera plástica y de consorcio fuera del depósito que custodiaban. “Informé de inmediato a los superiores y llegaron las autoridades de la comisaría con las llaves de los candados pero no abrían”. Se comunicó la sospecha al Juzgado Federal de Eldorado y fue su titular, Miguel Ángel Guerrero, quien dio la orden de que intervengan integrantes de la división Criminalística del Escuadrón 10 “Eldorado” para allanar la comisaría.
Uno de los gendarmes que encabezó el procedimiento fue el segundo testigo ayer. El oficial Conrado Antonio Peterson (44) detalló su labor hace poco más de cinco años y confirmó que frente a las celdas con candados donde se guardaba el estupefaciente, hallaron restos de las bolsas que lo contenían pero también una pinza para cortar pernos metálicos tipo cizalla de color naranja, la que se sospecha fue utilizada para cortar los candados, luego reemplazados.
Además de confirmar que las llaves que tenía uno de los jefes policiales para abrir las celdas no funcionaban, el gendarme destacó que las dos fajas de seguridad estaba cortadas. Relató además que realizaron el conteo de todos los ladrillos que faltaban de droga y determinaron que se habían robado 23.
También señaló que en otro sector de la comisaría en un casillero sin llave encontraron bolsas de consorcio sin utilizar y que eran del mismo tamaño y textura a las encontradas frente al depósito de custodia de la marihuana prensada. “Faltaba una bolsa completa de panes de droga”.
La voz que ratificó el procedimiento de GN correspondió a Diego Mirko Allende, jefe de la división Criminalística del Escuadrón 10 “Eldorado” en 2019 y hoy jefe de la Dirección Inteligencia Criminal en la Ciudad de Buenos Aires. Respondió a la consulta de la fiscal Vivian Andrea Barbosa, que sacar marihuana “era imposible de hacerlo sin que el guardia lo viera”, porque el puesto de control tenía una mesa enfrente a la celda con la droga.
Según declaró Cristaldo en la etapa de instrucción del expediente el 10 de marzo de 2019 a las 7 entregó la guardia a Quintana sin novedad. También sostuvo que “durante la requisa posterior, en el cofre de Fernando Mosqueda hallaron un rollo de bolsas de consorcio que con el cotejo se demostró que eran similares a las que se hallaron afuera con pasto que habían cortado ese día y a las que fueron halladas con estupefacientes”. Y agregó: “Yo lo vi a Fernando Mosqueda cortando pasto el 9 de marzo cerca del depósito donde se guardaban las bolsas con marihuana”.
Vale recordar que, Mosqueda fue acusado como autor de los delitos de “violación de los deberes de funcionario público, violación de sellos, peculado y transporte de estupefacientes”. Quintana fue encartado, al igual que Cristaldo, como coautores del delito de “omisión de los deberes de funcionario público”, previsto en el artículo 249 del Código Penal Argentino.
