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Desde hoy, las comunidades aborígenes podrán ser desalojadas

No obstante, continúa el relevamiento territorial indígena. El Gobierno no precisó qué pasará con las comunidades ya relevadas. ¿Qué sucede en Misiones?

11 diciembre, 2024
Archivo

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Por decreto 1083/2024, el Gobierno nacional derogó la prórroga que se realizó hasta noviembre de 2025 de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, sancionada y promulgada en noviembre de 2006, que impedía el desalojo de tierras ocupadas por aborígenes.

El decreto fue publicado este martes en el Boletín Oficial y comenzará a tener validez a partir de hoy. El decreto dio por finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país (artículo 1 de la ley) y la suspensión de los desalojos y ejecución de sentencias (artículo 2). No obstante, el decreto de Javier Milei no suspendió el relevamiento territorial de las comunidades indígenas (artículo 3 de la Ley 26.160) que, en el caso de Misiones, está muy avanzado.

 

Casi dos décadas de relevamiento

Cuando fue sancionada, en 2006, la Ley 26.160, estableció un plazo de cuatro años para hacer el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades aborígenes en el país y, para darles seguridad jurídica, prohibió que sean desalojadas durante esos años. Pero el relevamiento empezó casi dos años después de sancionada la ley, los fondos para llevarlo adelante llegaron en forma intermitente, se cambiaron los equipos técnicos en varias ocasiones. Conclusión: pasaron 18 años y el relevamiento no se terminó.

Misiones es una de las provincias con el trabajo más avanzado (el 87%) pues según precisaron a PRIMERA EDICIÓN desde el equipo técnico operativo de Misiones encargado del relevamiento ya se relevaron 110 comunidades y quedan pendientes 16. Provincias como Formosa apenas comenzaron.

Según fundamentó el Gobierno nacional en los considerandos, la extensión de la emergencia durante tantos años generó “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional, así como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el artículo 124” de la Carta Magna. Además, expresó que “la prórroga excesiva” dejó espacio para “una serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas del Estado”.

 

Propiedad privada

El decreto fundamenta que la prórroga de suspensión de los desalojos ataca el derecho a la propiedad privada pero no considera que permitir el desalojo de los aborígenes de las tierras que ocupan es un ataque a los derechos colectivos de estos pueblos. Paradójicamente, el decreto fue publicado ayer en el Día Mundial de los Derechos Humanos.

“Lamentablemente, lo estábamos esperando. Pero cuando uno lee los fundamentos para habilitar los desalojos no puede dejar de indignarse: claramente el derecho a la propiedad privada está por encima del derecho colectivo. Se prioriza lo económico por sobre lo social y la vida de la gente, y esto es muy triste porque lo económico es importante pero no a costa de la vida de la gente. Este decreto abre un mundo de incertidumbres porque la Ley 26160 suspendió las sentencias de desalojos judiciales y administrativas y ahora todas tienen vía libre para ser ejecutadas… incluso de comunidades que ya tienen su carpeta técnica del relevamiento terminado”, señaló a PRIMERA EDICIÓN la integrante del Equipo de la Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA, María Josefa “Kiki” Ramírez.

Indicó además que “por suerte, en Misiones la mayoría de las comunidades fueron relevadas”. Ramírez recordó que incluso en plena vigencia de la Ley 26.160, los indígenas siguieron sufriendo situaciones de violencia, amenaza, empresas y particulares que explotaron sus tierras y trataron de desalojarlos, “ahora sin el amparo de la ley, quedan en una situación aún más vulnerable porque generalmente, en Misiones, los conflictos no son entre los guaraníes y los colonos, sino con empresas forestales, emprendedores turísticos con poder adquisitivo”.

“Este decreto es como una muerte anunciada… Milei lo venía diciendo en la campaña”, indicó Vasco Baigorri de EMIPA.

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  • El Gobierno derogó la emergencia territorial indígena
Tags: ComunidadesDesalojoIndígenas
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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