Por decreto 1083/2024, el Gobierno nacional derogó la prórroga que se realizó hasta noviembre de 2025 de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, sancionada y promulgada en noviembre de 2006, que impedía el desalojo de tierras ocupadas por aborígenes.
El decreto fue publicado este martes en el Boletín Oficial y comenzará a tener validez a partir de hoy. El decreto dio por finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país (artículo 1 de la ley) y la suspensión de los desalojos y ejecución de sentencias (artículo 2). No obstante, el decreto de Javier Milei no suspendió el relevamiento territorial de las comunidades indígenas (artículo 3 de la Ley 26.160) que, en el caso de Misiones, está muy avanzado.
Casi dos décadas de relevamiento
Cuando fue sancionada, en 2006, la Ley 26.160, estableció un plazo de cuatro años para hacer el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades aborígenes en el país y, para darles seguridad jurídica, prohibió que sean desalojadas durante esos años. Pero el relevamiento empezó casi dos años después de sancionada la ley, los fondos para llevarlo adelante llegaron en forma intermitente, se cambiaron los equipos técnicos en varias ocasiones. Conclusión: pasaron 18 años y el relevamiento no se terminó.
Misiones es una de las provincias con el trabajo más avanzado (el 87%) pues según precisaron a PRIMERA EDICIÓN desde el equipo técnico operativo de Misiones encargado del relevamiento ya se relevaron 110 comunidades y quedan pendientes 16. Provincias como Formosa apenas comenzaron.
Según fundamentó el Gobierno nacional en los considerandos, la extensión de la emergencia durante tantos años generó “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional, así como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el artículo 124” de la Carta Magna. Además, expresó que “la prórroga excesiva” dejó espacio para “una serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas del Estado”.
Propiedad privada
El decreto fundamenta que la prórroga de suspensión de los desalojos ataca el derecho a la propiedad privada pero no considera que permitir el desalojo de los aborígenes de las tierras que ocupan es un ataque a los derechos colectivos de estos pueblos. Paradójicamente, el decreto fue publicado ayer en el Día Mundial de los Derechos Humanos.
“Lamentablemente, lo estábamos esperando. Pero cuando uno lee los fundamentos para habilitar los desalojos no puede dejar de indignarse: claramente el derecho a la propiedad privada está por encima del derecho colectivo. Se prioriza lo económico por sobre lo social y la vida de la gente, y esto es muy triste porque lo económico es importante pero no a costa de la vida de la gente. Este decreto abre un mundo de incertidumbres porque la Ley 26160 suspendió las sentencias de desalojos judiciales y administrativas y ahora todas tienen vía libre para ser ejecutadas… incluso de comunidades que ya tienen su carpeta técnica del relevamiento terminado”, señaló a PRIMERA EDICIÓN la integrante del Equipo de la Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA, María Josefa “Kiki” Ramírez.
Indicó además que “por suerte, en Misiones la mayoría de las comunidades fueron relevadas”. Ramírez recordó que incluso en plena vigencia de la Ley 26.160, los indígenas siguieron sufriendo situaciones de violencia, amenaza, empresas y particulares que explotaron sus tierras y trataron de desalojarlos, “ahora sin el amparo de la ley, quedan en una situación aún más vulnerable porque generalmente, en Misiones, los conflictos no son entre los guaraníes y los colonos, sino con empresas forestales, emprendedores turísticos con poder adquisitivo”.
“Este decreto es como una muerte anunciada… Milei lo venía diciendo en la campaña”, indicó Vasco Baigorri de EMIPA.