Con las reformas de la Ley de Tránsito proyectadas para el año que viene, el Gobierno nacional pretende desregular el control técnico de los vehículos y permitirá que se pueda realizar en establecimientos particulares como concesionarios oficiales y talleres autorizados oficialmente.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Tierra Colorada es obligatoria para todos los vehículos particulares con más de 3 años de antigüedad o más de 50 mil kilómetros de uso, quedando exceptuadas el resto de los automóviles. Por ahora, solamente se pueden hacer en los establecimientos oficiales.
En la Ley Bases enviada al Congreso en diciembre de 2023 y sancionada a finales de junio de 2024, se hace especial hincapié en formalizar esta situación de apertura, al menos generando el paraguas jurídico para permitirlo, informó Infobae y recordó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger indicó que “las provincias tienen que adherir a este cambio. Se pretende que la verificación técnica se pueda hacer en un concesionario, por eso lo vamos a incluir en la Ley de Tránsito. Pero las provincias tienen que adherir a la medida para que se pueda aplicar en cada jurisdicción”.
No obstante, más allá de la decisión del Gobierno y la eventual adhesión de las provincias para que un concesionario oficial o un taller mecánico autorizado puedan hacer una VTV, deben cumplirse otras condiciones. La apertura a concesionarias oficiales y talleres particulares, implica una informatización, ya que además de contener mayores puntos de control vehicular, deberán estar conectados para poder realizarlo a vehículos de cualquier parte del país.
“La única posibilidad de hacerlo es con equipos conectados a una red, es decir, convirtiendo las plantas de verificación a la tecnología 4.0, con soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real. Hay que incorporar inteligencia artificial e Internet de las cosas (IOT) para poder lograr esa integración, no sólo por el funcionamiento en sí mismo, sino también para su control de gestión”, dijo Constantino Abella Roigt, presidente de CVA (Control Vehicular Argentino), la empresa certificada por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) que fabricó el 50% del equipamiento de las plantas actuales de VTV que funcionan en Argentina, y que es la proveedora de actualizaciones de software del 80% del mercado.
“En los países más avanzados del mundo, las plantas de VTV reemplazan su equipamiento cada 5 años por máquinas nuevas. Esos equipos que dejar suelen ser comprados por los talleres más chicos, con menos capacidad de inversiones, y lo que se hace es una actualización del software, que es mucho más accesible”, comentó Abella Roigt.
Por otro lado, si como se promueve desde fuentes del gobierno, la idea es reemplazar la oblea o sticker que habitualmente se coloca en el lateral derecho del parabrisas como prueba visual de vigencia de la verificación de cada vehículo, por una documentación digital que pueda exhibirse a través de una aplicación como Mi Argentina, esa red digital e informatizada pasa a ser una solución complementaria para el sistema nacional.
Las otras dos condiciones que se deben dar son el equipamiento y la capacitación de quienes lo operen. Abella Roigt, como proveedor de equipamiento nacional que también se exporta a 27 países, estima que la inversión en el equipamiento técnico completo para que un taller tenga la capacidad técnica de hacer una VTV es de aproximadamente 100 mil dólares.
Qué dice la Ley de Tránsito sobre la VTV
El artículo 34 establece entre otros considerandos que “las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control”.
El artículo 35, por su parte, “los talleres mecánicos privados u oficiales de reparación de vehículos, en aspectos que hacen a la seguridad y emisión de contaminantes, serán habilitados por la autoridad local, que llevará un registro de ellos y sus características”.
También especifica la capacitación y la responsabilidad de quienes efectúan las revisaciones técnicas al señalar que “cada taller debe tener: la idoneidad y demás características reglamentarias, un director técnico responsable civil y penalmente de las reparaciones, un libro rubricado con los datos de los vehículos y arreglos realizados, en el que se dejará constancia de los que sean retirados sin su terminación”.