Finalmente el Gobierno tendría listo un decreto para iniciar el proceso de licitación del corredor vial que engloba a las rutas nacionales 12 y 14, principal conexión vial del Mercosur, clave estratégicamente para el comercio en Argentina y que en los últimos días viene siendo señalada duramente por su pésimo estado de conservación.
Según medios nacionales, la medida estaría pronta a publicarse en el Boletín Oficial de la Nación, invocando “fuentes oficiales” que le dieron carácter de “inminente” a la oficialización de la norma.
Cabe recordar que, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del Ministerio de Economía, había publicado en noviembre del año un cronograma en el que detallaba que el proceso de traspaso de los caminos al sector privado comenzaría con la licitación de dos tramos del Corredor 18, que incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria.
Esta medida sería un primer paso en un camino por avanzar en la privatización de las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas; en muchos casos sin adjudicar o a cargo de la empresa estatal Corredores Viales. Representa el 20% de la red vial nacional pero concentra el 80% del tránsito.
Según Infobae, el negocio puede ser atractivo para muchas empresas constructoras interesadas en la posibilidad de cobrar peajes. Al mismo tiempo, representaría un ahorro para el Estado estimado oficialmente en 6.100 millones de dólares en los próximos 15 a 20 años.
A favor, pero con controles
Desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) se mostraron a favor de la norma, alegando que se trata de una acción necesaria para mejorar el estado de las rutas nacionales en la provincia.
“Nosotros hace ya muchos meses que venimos pidiendo medidas, principalmente en las RN12 y la RN14, incluso antes del cambio de gobierno”, señaló el presidente de la CEM, Guillermo Fachinello, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, acerca de la postura de la confederación ante esta medida.
“Este deterioro que fueron sufriendo las rutas sin ningún paliativo, va directamente a parte del costo de vida humana ya que fue muy importante la cantidad de accidentes, el costo de la logística que se incrementa mucho porque son rutas muy peligrosas”, agregó el titular de la entidad.
No obstante, Fachinello aclaró que, de avanzar con la propuesta, el Gobierno nacional deberá intensificar los controles de las empresas que resulten adjudicatarias de las concesiones.
Por otra parte, el empresario misionero, destacó la relevancia que cobra la provincia en lo que respecta al transporte internacional de mercadería. “Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero todo el tránsito del Mercosur pasa por esta ruta. Es un tránsito muy intensivo y es muy complejo en donde no hay terceras trochas y ni hablar donde no tenemos ninguna otra como la autovía”.
En esa línea, se refirió al estado de las rutas, su falta de mantenimiento y de adecuación para los transportes de carga actuales.
“Realmente es impresionante, son rutas muy antiguas, el ancho de las mismas ya no es lo que hoy haría falta. Ya están habilitando varios bitrenes para que circulen también. Bueno, se va modernizando mucho el transporte y la logística quedó estancada”, apuntó.
Peajes
Según contempla el proyecto oficial, al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, pero no habrá ningún canon al Estado ni tampoco subsidios para las compañías.
Los precios de los peajes continuarán siendo los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se garanticen las condiciones óptimas de transitabilidad de los corredores: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.
A partir de ahí, el Estado definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral, que estará especificado en los pliegos de cada licitación.
El presidente de la Cámara de Empresarios Misioneros de Autotransporte de Cargas, Gabriel Silva, mantuvo un perfil similar al de Fachinello, respecto a las medidas que se tomarán. “Hay que leer la letra chica y ver cuánto va a ser el peaje. Hoy estamos pagando un peaje por el cual no estamos obteniendo ningún beneficio”, dijo Silva a este Diario.
A pesar de que en la provincia no hay peajes sobre la ruta 14, el titular de la cámara de transportistas asegura que, para ellos, el gasto de repuestos dañados por el estado de las rutas, como así también de accidentes, resultan más caros que un potencial peaje. “Según lo que leímos aparentemente primero tienen que arreglar todo el bacheo, agregar la señalización horizontal, la señalización vertical y demás, para luego empezar a cobrar. También que va a tener cierta regulación de los incrementos y demás”, reflexionó. Silva hizo un llamado a las autoridades provinciales para que gestionen la llegada de la autovía a Misiones, para mejorar la seguridad vial.
“No sirve de nada que llegue solo hasta Paso de los Libres, porque nosotros acá también tenemos mucho tráfico internacional que va a Brasil y a Paraguay. Por el estado de las rutas se generan demoras en el tránsito, hay inseguridad y un montón de cosas que no son convenientes”, reflexionó.
“Yo creo que, en la medida en que podamos tener mejores rutas y más seguras, ganamos todos, con un valor adecuado, claramente”, finalizó.
“Rechazamos rotundamente el plan de concesiones viales”
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), expresó su firme rechazo al nuevo esquema de concesiones viales propuesto por el Gobierno nacional. El titular de la entidad, Ricardo Lasca, calificó al plan como “volver a un sistema fracasado que es una estafa vial para toda la comunidad”.
“No es un peaje, es un impuesto al tránsito”, enfatizó Lasca en una charla con este matutino, criticando que lo recaudado no se invierte en mejoras de las rutas, sino que se destina únicamente a cubrir los costos operativos de las estaciones de cobro. “La gente cree que paga por usar el camino, pero toda la sociedad termina soportando este impuesto”, afirmó.
Según el titular de la CONADUV, el esquema “solo contempla tareas básicas como bacheo y corte de pasto, sin obras de ampliación ni transformación de las rutas en autovías o multitrochas”.
Además, denunció la falta de cumplimiento de la promesa de disolver Corredores Viales SA, una empresa estatal que, según afirmó, “solo se limita a cobrar peaje sin realizar ningún aporte significativo al mantenimiento de las rutas”.
Pese a reuniones con funcionarios de segunda línea del Ministerio de Transporte, no se ha dado respuesta efectiva a sus demandas. “Hemos pedido una audiencia con el ministro Guillermo Francos para manifestar nuestra postura y exigir soluciones concretas”, señaló.
Otro punto de crítica fue la ausencia de caminos alternativos libres de pago, situación que calificó de inconstitucional y contraria a los derechos de libre tránsito establecidos en la Constitución Nacional. “Este sistema atenta contra la lógica de una política vial seria y perjudica a los usuarios viales directos e indirectos”, subrayó Lasca.