Una vez más el Congreso nacional no constituyó una comisión de trabajo que permita sostener un organismo clave para los derechos de las infancias. La desidia de senadores y diputados impedirá dentro de algo más de un mes la elección de quién sucederá a Marisa Graham al frente de la Defensoría nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA).
Las organizaciones integrantes del Colectivo Infancia en Deuda; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, en conjunto con Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un amparo para que “designen a una (o más) personas idónea/s para ejercer las funciones de la Defensoría de Derechos de NNyA desde el cese del mandato de la Defensora y hasta que se nombre una nueva autoridad conforme a la ley vigente”.
En caso contrario, el próximo 28 de febrero, las chicas y chicos argentinos quedarán desprotegidos ya que la Defensoría perderá su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y realizar acciones e intervenciones en defensa de los derechos de la infancia.
Para garantizar la protección de los derechos de lNNA, el amparo de Infancia en Deuda y otras organizaciones requirió, por un lado, que el Senado nombre a las y los integrantes que faltan para constituir la Comisión Bicameral encargada de la celebración del concurso público para cubrir el cargo de Defensor o Defensora.
El objetivo es asegurar que el Congreso desarrolle el concurso y designe a las nuevas autoridades de la Defensoría con la mayor celeridad posible.
Por otro lado, el amparo solicita que, hasta tanto no se celebre el concurso público se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, a fin de evitar daños irreparables a las niñas y los niños.
No es la primera vez que se produce una demora en la designación del titular de la Defensoría. Marisa Graham, la actual defensora de NNyA, llegó con 15 años de demora por la falta de acuerdo político de las diferentes representaciones que había en el Congreso nacional.
Posición de Misiones
En Argentina solamente seis provincias tienen Defensoría de NNyA. Además de Misiones que fue la segunda del país, están Córdoba (la primera en llegar), Santa Fe (acéfala hace años); La Pampa; Santiago del Estero y Jujuy.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero, la defensora misionera, Rossana Franco, aseguró que “vemos como una preocupación esta situación que afecta a varias de las provincias, de las cuales tenían presentadas sus demandas de NNyA que viven situaciones donde sus derechos se encuentran vulnerados”.
Confió en que “nuestros senadores tienen una gran experiencia en la problemática de niñez y adolescencia. El Dr. (Carlos) Arce fue vicegobernador y Sonia (Rojas Decut) es docente y trabajó con niños y adolescentes. Si bien no se llega a los tiempos, vemos que es importante la movilización de las distintas asociaciones y grupos que luchan para que no se vulneren derechos y, donde eso sucedió, hay que trabajar para que les restituyan sus derechos”.
Finalmente, Franco sostuvo que en la hipótesis que no se cubra la vacante a fines de febrero, “nos parece gravísimo no contar con una Defensoría nacional cuando es parte de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.
Becas y actuaciones
Con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes promulgada en 2005, se crea la figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.
Desde su puesta en funcionamiento en 2020, la Defensoría procesó 2.559 requerimientos de NNA que derivaron en 310 casos y, solamente en el 2024, 463 actuaciones administrativas. Es posible identificar, entre las causas judiciales iniciadas, algunos procesos colectivos que afectan a comunidades enteras de niños y niñas. Por ejemplo, lleva un reclamo por el acceso a becas escolares que puede impactar en más de 1,2 millones de adolescentes en situación de pobreza.
La designación de un Defensor/a se logró recién en 2020, con casi 15 años de demora. Hoy, a 20 años desde la sanción de la Ley, las funciones de la Defensoría se encuentran en riesgo.