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Figura del femicidio: “Una herramienta de conciencia social más allá de lo punitivo”

Florencia González, abogada especialista en DDHH, analizó la propuesta para modificar el Código Penal y las consecuencias de esta medida.

28 enero, 2025
FEMICIDIO. Una figura jurídica para visibilizar y erradicar la violencia de género.

FEMICIDIO. Una figura jurídica para visibilizar y erradicar la violencia de género.

La abogada Florencia González, especialista en derechos humanos de las mujeres y las diversidades, profundizó sobre las implicancias de la reciente propuesta de eliminar la figura del femicidio en el Código Penal. Esta figura, incorporada en 2012, tiene como objetivo visibilizar y penar la violencia extrema contra las mujeres y dar un marco legal específico para su tratamiento en el sistema judicial.

 

La importancia del femicidio como categoría política

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, González comenzó explicando que la figura del femicidio no fue creada por un grupo de feministas o una “moda”, como algunos sostienen erróneamente, sino que nació como una herramienta jurídica para visibilizar y dar nombre a una problemática histórica: la violencia machista extrema. En este sentido, la abogada aclaró que “el femicidio es una categoría política, pero no partidaria, porque su objetivo es transformar una realidad social que estaba naturalizada”, refiriéndose al asesinato de mujeres por cuestiones de género.

“En primer lugar, hay que tener en cuenta que la palabra femicidio propiamente dicha no es una palabra que se utiliza en el Código Penal, sino que es una palabra que se empezó a utilizar de manera social y cultural para poner nombre o darle un sentido a la problemática histórica que venimos viviendo las mujeres”, subrayó González, quien destacó la relevancia de la figura en tanto denuncia y respuesta jurídica frente a esta grave forma de violencia.

González también aclaró que no todo homicidio hacia una mujer es considerado femicidio: “En el 2012, tras la sanción de la ley 26.791, se incorpora en el Código Penal en el inciso 11 del artículo 80 como un agravante del homicidio, cuando ese homicidio hubiere sido perpetuado en un contexto de violencia de género de un hombre hacia una mujer. Eso es importante entenderlo, tienen que darse ciertas cuestiones para ser considerado como un femicidio. Para que eso suceda, tiene que haber mediado violencia de género de un hombre hacia una mujer”.

Respecto a lo que sucedía antes de que esta herramienta jurídica existiese, explicó que “antes se utilizaban conceptos erróneos para justificar esta violencia. De pronto nos encontrábamos con jueces, fiscales y abogados defensores que utilizaban, por ejemplo, el concepto de crimen pasional o el famoso estado de emoción violenta para justificarlo, ‘la mató por celos’ o ‘esa situación lo llevó a una situación de emoción violenta en donde no pudo controlar sus actos’. Y muchas veces no solamente se justificaba y se naturalizaba la violencia, sino que esos crímenes quedaban impunes bajo esa figura”, agregó.

 

Las consecuencias de eliminar esta figura jurídica

La abogada destacó que la eliminación del femicidio como figura jurídica traería serias consecuencias no solo en el ámbito legal, sino también en la conciencia social. Según González, “si se llegara a eliminar esta figura, no solo habría una carencia de sentido jurídico total, sino que también se estaría enviando un mensaje equivocado, donde se naturaliza la violencia y se dice ‘sigan matando a las mujeres, total no pasa nada’”. Este mensaje, según la abogada, sería un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género.

“La figura del femicidio opera como una herramienta que no solo tiene un impacto punitivo, sino que también cumple una función cultural, generando conciencia en la sociedad y fomentando un cambio de pautas sociales”, argumentó González, quien citó el ejemplo de las restricciones al consumo de tabaco, que a lo largo del tiempo contribuyeron a transformar los hábitos culturales.

También señaló que “más allá de las declaraciones que puedan hacer para instaurar social y culturalmente esta idea, recordemos que el Código Penal no se modifica de un día para el otro, de una noche a la mañana, cualquier modificación debe ser necesariamente aprobada por el Congreso de la Nación a través de un proceso establecido en la CN, ya que los decretos presidenciales no pueden alterar la legislación penal”.

 

Una herramienta para prevenir y educar

La especialista también subrayó que el agravante de femicidio tiene un rol fundamental en la prevención de crímenes de género, al proporcionar una categoría legal que visibiliza el problema y permite una respuesta punitiva adecuada. “Además de la pena, la figura del femicidio tiene un poder educativo: hace que la sociedad se cuestione y reflexione sobre esta problemática”, expresó.

González agregó que, aunque en la aplicación de la norma pueden existir excesos, estos no justifican la eliminación de una herramienta jurídica que ha demostrado ser crucial para la protección de los derechos de las mujeres. “Es mucho más productivo mejorar los mecanismos de implementación y trabajar en la capacitación de quienes aplican la normativa”, remarcó.

 

Consecuencias negativas

Lo preocupante, no obstante, es que en caso de llegar a término la eliminación de esta figura jurídica, “tendría consecuencias negativas, porque los condenados hasta hoy en día, por esta figura, podrían solicitar la revisión de sus sentencias, teniendo en cuenta un principio en la ley penal que se llama el Principio de la retroactividad de la ley más benigna. En ese caso, por ejemplo, los crímenes pueden ser recategorizados como homicidios simples, o incluso agravados por otros motivos y eso implicaría penas menores, un debilitamiento del reconocimiento de la violencia de género, y sería interpretarse como un mensaje de menor reprochabilidad hacia esos crímenes”.

 

Desinformación y violencia estructural

Finalmente, González planteó su preocupación por los discursos políticos que buscan eliminar no solo la figura del femicidio, sino también otras leyes de género, como la Ley Micaela y el DNI no binario. “Detrás de esta supuesta ‘batalla cultural’ se esconden discursos de odio que fomentan la violencia contra sectores históricamente vulnerados, como las mujeres y la comunidad LGBTIQ+”, indicó.

“Es preocupante que, en un contexto de desinformación, se sigan impulsando estos discursos que, en lugar de buscar soluciones, perpetúan las desigualdades estructurales y la violencia”, concluyó González.

 

“Quedaremos totalmente desamparadas”

Carla Talavera, coordinadora provincial de MuMaLa Misiones, también expresó su preocupación por la posible eliminación de esta figura del Código Penal, en conversación con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

“Esto de querer eliminar la figura del femicidio es algo terrible, nosotros hemos cerrado el 2024 en Argentina con 255 femicidios, una cifra alarmante“, alertó y recordó que en estos primeros días del año ya se registró un caso en Misiones, en referencia al crimen de Amanda Muller ocurrido en Santa Ana, “que ha recorrió todos los medios provinciales y nacionales por lo brutal y terrible que fue”.

Talavera comentó que en 2024, de los 255 casos de femicidios que MuMaLa registró, un total de 222 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre, y en la gran mayoría también sin padre, “porque en el 46% de los casos es la pareja o expareja el que comete el femicidio”.

La coordinadora provincial de MuMaLa Misiones alertó que a día de hoy, y a pesar de que existan estas legislaciones, resulta muy difícil llegar a un juicio donde exista una real perspectiva de género, “imaginémonos que esto llegase a ocurrir -que se logre la derogación de la figura de femicidio-, quedamos totalmente desamparadas”.

Por último, Talavera también lamentó el retroceso en materia de derecho que podría significar eliminar otras normativas como la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral trans. “Es un retroceso total. Si se llega a hacer lo que expresa el Gobierno nacional, van a destruir todo lo que se ha logrado construir”.

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Tags: Código CivilFemicidioFigura LegalFM89.3GéneroViolencia
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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