El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el viernes 2 de octubre un decreto mediante el cual instruyó a la Fiscalía de Estado a impulsar las acciones judiciales que considere necesarias para resguardar los intereses de la provincia frente a la eventual adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 1935, en el que el Ejecutivo provincial ordenó al fiscal de Estado ejercer, “en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas”, las acciones y defensas correspondientes frente a los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023.
Ese artículo del decreto nacional dispuso la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales y fijaba límites para su adquisición por parte de extranjeros.
La decisión del mandatario provincial se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo del DNU referido a la Ley de Tierras. Ante este escenario, el Gobierno misionero resolvió recurrir a la Justicia para intentar limitar sus efectos dentro del territorio provincial.
“Soberanía desde la ciencia, los alimentos y el ambiente”
En este contexto, Evaristo Sosa, jefe del Parque Provincial Foerster, ubicado en la localidad fronteriza de Comandante Andresito, dialogó con la FM 89.3 Santa María de las Misiones y expresó su preocupación por los cambios vinculados al régimen de tierras rurales.
“Estamos hablando de una soberanía en todas sus facetas. Eso es lo que tratamos de plasmar en la carta, donde se rechaza la flexibilización y los cambios en la Ley de Tierras a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.
Sosa señaló que el concepto excede la denominada soberanía ambiental y alcanza otros aspectos vinculados con el desarrollo y la protección de los recursos del país.
“Ya no hablamos solamente de la soberanía ambiental, que es algo que cuidamos y protegemos, sino de la soberanía en todas sus formas: desde la ciencia, los alimentos y el ambiente en sí mismo”, sostuvo.

“Día a día se lucha contra la explotación de nuestros recursos”
El guardaparque advirtió además que, a su entender, el problema no se limita a la propiedad de la tierra, sino que también alcanza a distintas áreas vinculadas con el conocimiento, la conservación y el control territorial.
En ese sentido, mencionó “la quita de porcentajes al financiamiento de organismos nacionales como el INTA y el INTI” y la situación de la Administración de Parques Nacionales.
“Es como que se está dejando cada vez más endeble todo lo que tiene que ver con nuestra independencia, en cuanto al resguardo del territorio y de nuestros recursos”, afirmó.
Sosa también puso el foco en las particularidades de Misiones, una provincia que tiene más del 90% de sus límites internacionales y que enfrenta permanentemente situaciones vinculadas con el uso ilegal de recursos naturales en las zonas fronterizas.
“Esto no se trata solo de esta Ley de Tierras, sino que en el día a día se lucha contra la explotación de nuestros recursos”, sostuvo.
A modo de ejemplo, aseguró que desde Brasil se registran ingresos hacia territorio argentino para realizar actividades ilegales como tala de madera, caza de fauna silvestre y pesca.
“A Brasil ya no le queda nada y por eso cruzan a la Argentina a cortar madera, a cazar fauna silvestre, a pescar, depredar y realizar todo tipo de actividades ilegales”, expresó.

Celebramos las decisiones que tomó el Gobierno provincial”
Frente a este escenario, Sosa señaló que guardaparques, guardafaunas, brigadistas e inspectores forestales de Misiones acompañan las acciones impulsadas por el Ejecutivo provincial.
“Celebramos las decisiones que está tomando el Gobierno provincial, tanto en la figura del Gobernador como del ministro de Ecología, que estuvo en la reunión del COFEMA donde se planteó este despropósito”, manifestó.
Finalmente, adelantó que el cuerpo de guardaparques continúa analizando distintas estrategias frente a los cambios introducidos en el régimen de tierras.










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