POSADAS. Dicen que no obtuvieron respuestas de las autoridades provinciales responsables de definir la fijación de remuneraciones para el Poder Judicial. Y que por esta razón, se produce una “distorsión y el acelerado deterioro de nuestras compensaciones que afecta la garantía de constitucionalidad de intangibilidad de la retribución de los magistrados”.Por ello, con decenas de firmas de jueces de primera instancia, camaristas, secretarios judiciales, fiscales y defensores de las tres circunscripciones judiciales de los diferentes fueros pidieron a la jueza Rosanna Venchiarutti (presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia misionera) que “convoque de manera urgente a una asamblea de asociados para tratar las diferentes cuestiones que dan lugar a esta grave situación y resolver las medidas a adoptar”.El documento, al que accedió PRIMERA EDICIÓN expone una situación pocas veces vista por parte de los encargados de impartir justicia en Misiones. Tiene las firmas de Silvia Molinolo de Panza (presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Posadas); y de los camaristas Martín Pancallo, César Quiroz, Carmen Margarita Ferreyra de Negro; de María Luisa Avelli de Lojko (presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Posadas) junto a los vocales Cecilia Wdoviak de Guirland, Omar Muyal y Luis Diblasi. De jueces como Georgina López Liva; Gabriela Canalis; Carmen Helena Carbone; José Pablo Rivero; Alba Kunzmann de Gauchat; Horacio Heriberto Alarcón; Francisco Aguirre; Lorena Toledo; Elisa Correa; Éctor Acosta; José Gabriel Moreira; María Barrientos de Vitelli; Ricardo Alferdo Cassoni; Manuel Silva Dico; Julio Luna; Nélida Sanabria de Menendez; Teresita Berti de Benmaor; Osvaldo Rubén Lunge, entre otros magistrados, como también de Fiscales, Defensores y Secretarios.“Grosero alejamiento”En el texto recuerdan que “en 1992 la Cámara de Representantes, a quien constitucionalmente le compete la fijación de las remuneraciones de los magistrados, delegó esa facultad en forma transitoria en el Poder Ejecutivo hasta que se elaborara una nueva escala. Fruto de la falta de esa legislación es que hoy se presentan las siguientes situaciones: • Un grosero alejamiento de las remuneraciones de los magistrados y funcionarios provinciales de las percibidas en otras jurisdicciones. Las de la provincia están prácticamente últimas en la escala nacional, lo que explica el éxodo de magistrados y funcionarios provinciales a la justicia federal toda vez que se presenta la oportunidad y su participación en los llamados a concurso en ese fuero, aún en puestos de menor jerarquía.• Una sustancial y desproporcionada distancia entre las remuneraciones de los señores Ministros del Superior Tribunal y de los Vocales de las Cámaras de Apelaciones, quienes les siguen en la escala jerárquica, cuyas remuneraciones hoy son poco más del 50% de aquellas, distorsión que se reproduce en las demás jerarquías.• La existencia de rubros “no bonificables y no remunerativos” que conforman el 60% de la remuneración tornan írrito el sueldo anual complementario, el que en cada una de sus dos cuotas solamente importa el 20% de la remuneración neta.•A pesar de que en otros organismos se ha descongelado el rubro antigüedad, en el Poder Judicial se mantiene dicho congelamiento, lo que también constituye una causal que afecta la escala jerárquica.• La inflación anual medida oficialmente en la provincia alcanzó el 23,4% anual hasta el mes de setiembre de 2012 (y seguramente superará el 25% medida hasta diciembre 2012). El Poder Ejecutivo se limitó en los últimos años a seguir la pauta adoptada por el gobierno nacional para su administración pública, aplicándola también al Poder Judicial, en lugar de adoptar, en todo caso, las pautas seguidas por el Poder Judicial de la nación, quien ha reconocido a sus integrantes con ajustes del 30% anual, remunerativos, bonificables, resguardando la responsabilidad y dignidad de la función jurisdiccional”.¿Medidas de protesta?Ayer circuló con insistencia en muchos despachos judiciales de la capital provincial, que de no obtener respuestas en la Asociación y las autoridades gubernamentales responsables de dar un aumento salarial a los magistrados y funcionarios de la Justicia provincial; en pocos días podrían iniciarse medidas de fuerza en los juzgados.
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