BUENOS AIRES (NA). Los principales referentes de la UCR, el FAP, el PRO, la Coalición Cívica, Proyecto Sur y el peronismo disidente suscribieron a una declaración de rechazo a la reforma judicial que impulsa la presidenta Cristina Kirchner, mientras preparan una foto conjunta el próximo martes frente al Palacio de Tribunales.Los dirigentes Mauricio Macri, Hermes Binner, Francisco de Narváez, Ricardo Alfonsín, Mario Barletta y Fernando Solanas, junto a representantes sindicales, intelectuales, empresarios y organizaciones no gubernamentales, firmaron un documento de repudio al “intento de control de la Justicia por parte del Gobierno”.Según señalaron los referentes del arco anti K, saldrán a buscar más firmas para la declaración, para que los ciudadanos puedan acompañar la iniciativa.Con ese objetivo, el próximo martes a las 12 se darán cita en las escalinatas del Palacio de Tribunales.“Firmamos esta Declaración de Rechazo al intento de control de la Justicia por parte del Gobierno nacional. Detrás del título meramente retórico de democratizar la Justicia se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos”, señaló el documento.Según coincidieron, “cuando la Presidenta decía ‘Vamos por todo’, no mentía”.“Le toca ahora el turno al último resguardo de los derechos y garantías: la Justicia. Los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura transforman a este organismo en dependiente de mayorías circunstanciales, y persiguen la finalidad de que el Gobierno pueda designar y remover a los jueces que desee, además de quitarle los recursos a la Corte Suprema de Justicia para controlarlos por otra vía”, remarcaron.En tanto, sobre la propuesta del Gobierno para limitar la aplicación de las medidas cautelares, los opositores subrayaron que “los ciudadanos quedan indefensos frente a los abusos de poder del Estado”.“Con relación a las Cámaras de Casación se agrega una instancia jurídica más alargando los procesos en perjuicio de los ciudadanos. El ejemplo más palpable se da en los juicios de los jubilados, que ya sufren por años la injusticia de demorar sus reclamos”, enfatizaron.Los dirigentes evaluaron como “paradójico” que el oficialismo “hable de democratización de la Justicia, pero apruebe los proyectos sin debate democrático en el Congreso”.En diciembre pasado, Binner, Macri, Barletta y otros opositores habían firmado un documento en el que se comprometieron a “observar la Constitución Nacional”, “defender el equilibrio de poderes” y “la independencia de la justicia”.“Esto del martes próximo tiene que ver con hacer lo que dijimos que íbamos a hacer el año pasado”, sostuvo Barletta en declaraciones a Noticias Argentinas.Detalló que, además del documento que suscribieron, van a “trabajar juntos a nivel legislativo, judicial y por el esclarecimiento a la sociedad de las consecuencias que puede acarrear este intento de este atropello”. Regulación de Medidas Cautelares, tuvo rápido despacho en comisionesBUENOS AIRES (NA). El oficialismo logró darle dictamen en las comisiones del Senado al proyecto de ley que regula las medidas cautelares contra el Estado con escasa presencia de opositores y en un trámite veloz, y el jueves próximo lo llevará al recinto para su votación.El dictamen se firmó tras dos horas de reunión de las comisiones de Justicia y de Legislación General, que contó con la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y de su vice, Julián Álvarez.Al igual que el último miércoles, cuando obtuvieron dictamen la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de nuevas cámaras de Casación, los únicos senadores opositores que concurrieron a la reunión fueron Sonia Escudero (Peronismo Federal) y Samuel Cabanchik (PROBAFE).Alak sostuvo que el proyecto “no tiene como objetivo disminuir las posibilidades de los ciudadanos litigantes” sino fortalecer “el derecho de defensa del Estado ante las grandes corporaciones”.“Hay que terminar con el negocio de las cautelares eternas”, sentenció Alak, quien recordó puntualmente la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín que mantiene congelada la aplicación de la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.En este sentido, subrayó que “lo que determina la legalidad de una medida no es la cautelar sino la sentencia” y que “se utiliza la cautelar para dilatar el procedimiento y para que no salga la sentencia, lo que se ha convertido, además, en un negocio”.Alak destacó que “todas las provincias tienen reguladas las medidas cautelares como instrumento de acción” e indicó que “por eso es sorprendente que a algunos sectores de la oposición les llame la atención que la Nación quiera una legislación específica” sobre este tema.A su turno, Álvarez explicó que “no hay ningún inconveniente cuando se habla de intereses privados” pero que “cuando se habla del interés público mediante una ley sancionada por el Congreso, (la cautelar implica) la suspensión de un interés social, no privado”.
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