POSADAS. La causa que investiga el crimen de la docente rural Carmen Mirta Rosa, cuyo cuerpo apareció en un descampado del barrio Los Potrillos, el 14 de febrero pasado, registró una novedad que pasó casi desapercibida pero, al final de cuentas, podría marcar tendencia a la hora de hablar del futuro procesal de los dos policías detenidos en averiguación del hecho.La fiscal del Tribunal Penal 1 de Posadas, Liliana Mabel Picazo, opinó y se inclinó por la confirmación del auto de procesamiento contra los dos policías arrestados y procesados por la muerte de la maestra de 47 años.Los imputados trabajaban en la comisaría seccional Quinta y según lo que se pudo constatar en la investigación, fueron los únicos que concurrieron al llamado de un vecino para “auxiliar” a una mujer que se encontraba desorientada en tiempo y espacio. Esa mujer resultó ser Carmen Mirta Rosa.La ausencia de registros sobre ese procedimiento; el hecho de que no informaran a la superioridad de que la mujer a la que encontraron muerta era la misma a la que, supuestamente, abandonaron en la colectora de la ruta nacional 12, a la altura del barrio Los Potrillos; las especulaciones sobre el resultado de la autopsia y otras aristas del caso habrían inclinado la balanza y el parecer de la fiscalía de Cámara para apoyar el procesamiento de los uniformados.Ambos están acusados del delito de homicidio agravado. En caso de que la causa llegue a la instancia de juicio oral y público, con esa calificación, ambos podrían ser condenados a prisión o reclusión perpetua.Con la opinión del Ministerio Público, el expediente pasó para voto de los camaristas Martín Errecaborde, Ángel Dejesús Cardozo y Eduardo D’Orsaneo.La decisión de los tres jueces se conocerá después de la feria judicial que comienza el próximo lunes, aunque no hay fecha precisa de resolución.El auto de procesamiento contra los dos imputados -el oficial Aldo Daniel Villalba y el sargento Luis Albino Rotela- fue decisión del juez de Instrucción 6 de Posadas, Ricardo Walter Balor.La resolución fue apelada por los abogados defensores José Luis Rey (Rotela) y Ramón Moisés Grinhauz (Villalba).El planteo entonces pasó al tribunal de alzada que deberá resolver sobre el fondo de cuestión.
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