POSADAS. Tras conocerse la medida del Tribunal Penal 1 de esta ciudad, que revocó el auto de procesamiento que pesaba sobre los dos policías acusados de matar a la docente Carmen Mirta Rosa, se inhibió ayer el juez que investigaba la causa, Ricardo Walter Balor. El magistrado -titular del Juzgado de Instrucción 6 de Posadas-, habría fundamentado mediante un escrito que su determinación de apartarse obedece a que “se sintió afectado” por la resolución del citado Alto Cuerpo, que no permitiría “ecuaniminad en el marco de la investigación”. Por estas horas el expediente era analizado nuevamente por el juez de Instrucción 7 capitalino, José Alberto López, quien a primera hora de hoy notificará a las partes con respecto a la inhibición de su colega y de su participación en la causa, como así también de las recientes resoluciones, publicadas en forma exclusiva por PRIMERA EDICIÓN. De esta manera ahora el magistrado López deberá resolver la recalificación del hecho. Esta situación dejó a los imputados al borde de la excarcelación. Cabe recordar que el Tribunal Penal 1, que intervino como Cámara de Apelaciones, determinó que no hay elementos suficientes para acusar al oficial Aníbal Aldo Daniel Villalba y al sargento Luis Albino Rotela de “homicidio calificado”. Consideró sí que hay indicios para asegurar que abandonaron a la víctima a su suerte cuando deberían haberla llevado a la comisaría, o algún centro de salud, pero no para acusarlos de un delito gravísimo que podría llevarlos a una condena a perpetuidad. Los magistrados detectaron una incongruencia entre la calificación de homicidio y lo que el mismo juez de instrucción plasmó en el auto de procesamiento, de que los policías golpearon sin piedad a la víctima pero la dejaron viva. Es decir, si la abandonaron con vida pues no tuvieron la intención de matarla. En otras palabras, no se vislumbra el dolo en el supuesto accionar de los uniformados que prestaban servicio en la comisaría seccional Quinta, tal como publicó en su edición de ayer este Diario. No obstante, la Cámara aclaró que la conducta de los policías incurrió claramente en una acción punitiva, sobre todo en lo que hace a su proceder como integrantes de una fuerza de seguridad. Por ejemplo, al no dejar constancia del procedimiento en que “levantaron” a la docente del domicilio de una familia, que enterada del destino trágico de la mujer se presentó en la Justicia y denunció el accionar de la patrulla policial.Callaron incluso cuando ellos mismos concurrieron al lugar donde encontraron el cadáver. Y hasta habrían adulterado datos del libro de Guardia de la comisaría seccional Quinta.Todos estos elementos pueden configurar delito, pero son insuficientes para acusar a los imputados de “homicidio agravado”. Defensa solicitó “inmediata libertad”El abogado defensor del oficial Aníbal Villalba, uno de los policías detenidos por la muerte de la docente en Garupá, el pasado 14 de febrero, Ramón Moisés Grinhauz, presentará ante la Justicia y a primera hora de hoy el pedido de excarcelación. El letrado argumentará que tras la determinación de revocar el auto de procesamiento por parte de un Alto Cuerpo judicial “no existen fundamentos para mantener a Villalba tras las rejas”. Para el Tribunal Penal 1, Carmen Rosa murió debido a un traumatismo de cráneo encefálico con un trauma cerrado de abdomen con estallido de vejiga, pero en el expediente no hay un solo indicio que vincule a los detenidos con la autoría de los golpes que habrían causado esas lesiones. En pocas palabras hasta el momento no hay forma de demostrar que la golpearon y mataron. La defensa del otro imputado presentaría similar pedido que Grinhauz.
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