POSADAS. Polémica abierta y una decisión con consecuencias impredecibles. El juez de Instrucción 7 de esta ciudad, José Alberto López, concedió ayer el beneficio de arresto domiciliario a los dos policías detenidos en el marco de la investigación por la muerte de la docente Carmen Mirta Rosa, después de que el padre de uno de los imputados subiera a la antena de Casa de Gobierno y amenazara con lanzarse al vacío si no liberaban a su hijo.La medida despertó indignación y rechazo en los familiares de la maestra rural de 47 años, cuyo cuerpo apareció en una zona casi inhóspita del barrio Los Potrillos, de Garupá, el 14 de febrero pasado.PRIMERA EDICIÓN mantuvo una comunicación telefónica con María Nilda Rosa, hermana de la docente fallecida, minutos después de conocerse la resolución del magistrado que asumió al frente de la investigación tras el apartamiento del juez original Ricardo Walter Balor.Al respecto, consignó: “Consideramos que la decisión es ilegal y analizamos impulsar el juicio político contra el juez López”.La causa tenía, hasta ayer al mediodía dos detenidos. Se trata del oficial Aníbal Aldo Daniel Villalba y del sargento Luis Albino Rotela, ambos dependientes de la comisaría seccional Quinta.Habían sido procesados por el juez Balor por el delito de “homicidio agravado”, pero el decisorio fue revocado por el Tribunal Penal 1 de Posadas, como este diario informó en exclusiva el jueves pasado.El Alto Cuerpo, constituido en Cámara de Apelaciones, remitió el expediente al Juzgado de primera instancia para la recalificación de la causa. Balor entonces decidió inhibirse de seguir en la causa y esta pasó a manos del titular del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas, a cargo de José Alberto López.Los familiares de los dos policías detenidos vieron la esperanza de verlos en libertad, a más tardar el sábado. Sin embargo, con el devenir de las horas trascendería una noticia nefasta para sus intereses. Ante el pedido de excarcelación de los abogados defensores, el juez López pasó vista a la fiscal de Instrucción 6, Mabel Torres, para que se expidiera al respecto.La representante del Ministerio Público se inclinó entonces por el rechazo a la excarcelación, amparándose en el fundamento de que los policías habrían incurrido en el posible delito de “abandono de persona con muerte resultante”, figura que contempla penas de entre cinco y quince años de prisión.La fiscal respaldó su posición en un párrafo concreto de los fundamentos del Tribunal Penal 1 para revocar el auto de procesamiento del juez Balor. Dice así: “… existen elementos de convicción para suponer que a la víctima la dejaron abandonada, viva y librada a su suerte, cuando debieron haberla protegido y llevado a la comisaría o al hospital, atento su estado -como lo reconoce el propio Rotela en su indagatoria, atribuyendo a su compañero de causa la decisión que se tomó de abandonarla cuando era conducida en el vehículo de la comisaría-. Pero no para atribuirles la comisión de un castigo corporal y la muerte consecuente. Tal conducta puede ser constitutiva de otros delitos, pero no de homicidio”.En ese contexto, ya conocida la opinión de Torres, que mantendría a los policías tras las rejas, los familiares decidieron actuar.Sorpresivamente, en la mañana de ayer, dejando al desnudo la precariedad del sistema de seguridad, el padre del oficial Villalba trepó la antena de Casa de Gobierno y amenazó con arrojarse al vacío si no le aseguraban la excarcelación de su hijo.La situación, de extrema tensión, obligó a perimetrar los alrededores de La Rosadita. Y no sólo eso. La Justicia dispuso que los policías detenidos fueran trasladados a Casa de Gobierno y convencieran a Villalba padre de que desistiera de sus amenazas.El hombre no obtuvo la excarcelación pero sí la garantía de que el oficial regresaría a su casa para cumplir con el régimen de prisión domiciliaria, bajo custodia policial.PRIMERA EDICIÓN pudo comprobar también el malestar en los corrillos de los juzgados de instrucción de Posadas. “El juez debió recalificar la causa, llamar a indagatorias a los acusados y después, en base a lo que tenía en el expediente, resolver si los dejaba en libertad o no”, señaló una fuente estrechamente vinculada al Poder Judicial de la provincia.En paralelo, los abogados José Luis Rey -por Rotela- y Ramón Moisés Grinhauz -por Villalba- adelantaron que apelarán el arresto domiciliario. Para tener en cuenta• CUSTODIA. Resulta indefendible que una persona pudiera ingresar a Casa de Gobierno y subirse hasta la cima de una antena, amenazando con lanzarse al vacío a metros del despacho del mismísimo Gobernador. Por fortuna, en Misiones no hay grupos extremistas porque si la seguridad del primer mandatario provincial dependiera de esta custodia, estaría en gravísimos problemas.• RECHAZO. En el propio Poder Judicial había malestar por la decisión de que los policías regresaran a su casa, con custodia policial. “La ley contempla sólo dos condiciones para otorgar este beneficio: la edad o una enfermedad terminal. Aquí no se dan ninguno de los supuestos. Lo preocupante es que el juez haya tomado la decisión en este contexto y no en la tranquilidad de su despacho, sujeto a la ley”, consignaron fuentes de ese poder del Estado. • DE REGRESO A CASA. El oficial Aníbal Villalba y el sargento Luis Rotela regresaron ayer, en horas del mediodía, a sus casas para cumplir con el arresto domiciliario que dispuso el juez de Instrucción 7.
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