POSADAS. La familia de la docente Carmen Mirta Rosa, asesinada el 14 de febrero pasado en Garupá, pedirá que el juez de Instrucción 7 de esta ciudad, José Alberto López, se aleje de la investigación. La información fue confirmada a este Diario por Carlos Antonio Zarza, esposo de la víctima, en una comunicación telefónica mantenida con PRIMERA EDICIÓN.Preguntado sobre la posibilidad de impulsar un jury contra el juez de primera instancia, respondió que “estamos analizando todas las posibilidades en la causa y entre ellas está la de un juicio político. Francamente, la decisión que tomó, de enviar a los policías a su casa, me pareció bochornosa. Pareciera que el mensaje es ‘andá hijo a delinquir tranquilo, que después yo subo a una antena y te saco. No hay ni hubo causal para semejante decisión”, indicó aún con un hilo de malestar en su voz.Sin embargo, el arresto domiciliario de los dos policías no fue lo único que sembró la idea del pedido de apartamiento. Zarza lo explicó así: “López tiene un pasado como policía. Es comisario general retirado y creemos que es causal suficiente para que se inhiba de seguir en la causa”.En otro apartado de la entrevista, el viudo confesó que “hasta mi hijo me dijo, incluso cuando yo pensaba lo contrario, ‘papi no confío en ese juez’. En ese momento consideraba que estaba equivocado, pero ahora perdí la confianza en él. Actuó con mucha liviandad, diría hasta en forma irresponsable”.Asimismo, María Nilda Rosa, hermana de la docente, manifestó que “en los próximos días nos vamos a constituir en actores civiles. A partir de ahí, junto al abogado que nos representará, analizaremos la situación y la viabilidad de un juicio político”.La indignación pareció estallar en los familiares de Rosa el lunes, al filo del mediodía, cuando trascendió que el juez López concedió el arresto domiciliario a los policías Luis Albino Rotela y Aníbal Aldo Daniel Villalba, después que el padre de este subiera a la antena de Casa de Gobierno exigiendo la liberación de su hijo.Villalba padre tomó esa decisión después de saber que el magistrado denegó la excarcelación a los dos imputados en la causa, apoyado en la opinión de la fiscalía que consideró suficiente los indicios para acusarlos de “abandono de persona agravado por la muerte resultante”.López asumió al frente de la investigación después de que el juez original, Ricardo Balor, se declarara afectado en su ecuanimidad por el fallo del Tribunal Penal 1, que revocó el auto de procesamiento que había dictado contra los dos uniformados por el delito de “homicidio agravado”.Los abogados Ramón Moisés Grinhauz, representante de Villalba, y José Luis Rey, por el sargento Rotela, apelaron la concesión del arresto domiciliario para sus defendidos. Están convencidos de que la Justicia debe concederles la excarcelación, porque para ellos no hay una sola prueba que vincule a sus defendidos con la muerte violenta de la docente Carmen Mirta Rosa.
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