BUENOS AIRES (NA). El juicio por la Tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido en febrero de 2012 y como consecuencia del cual murieron 51 personas, empezó en los tribunales de Comodoro Py, con la presencia de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi sentados juntos, entre los 29 acusados.También se encuentran los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que era la concesionaria del tren accidentado, del ferrocarril Sarmiento, así como el maquinista Marcos Antonio Córdoba.La primera sesión del juicio se desarrollaba a sala llena y con familiares de las víctimas ubicados afuera del recinto y con pancartas en la mano en las que se lee la palabra “Justicia”.En la primera audiencia, y con un nutrido grupo de familiares, se comenzó a dar lectura del requerimiento de elevación a juicio que hizo el fiscal Federico Delgado, y en donde se acusa no sólo por el accidente ferroviario sino también por la presunta administración fraudulenta de millones de pesos en subsidio que recibía TBA de manos del Estado, y que la investigación arrojó que no iban destinados al mejoramiento del servicio, sino que parte del dinero se desvió hacia empresas tercerizadas que se comprobó estaba en manos de los Cirigliano.Los acusados estuvieron todos presentes, pues están obligados a hacerlo en la primera audiencia y en alguna que otra audiencia específica del proceso que se estima en no menos de un año, ya que hay previstos unos 300 testigos para declarar.El ex secretario de Transporte Schiavi fue uno de los pocos ex funcionarios que ingresó por la puerta principal, donde en ese momento había un grupo de familiares de víctimas con carteles y gritaron a coro un reclamo de “Justicia”.En cambio el resto de los ex funcionarios, entre ellos Jaime, recién se lo pudo ver en la entrada de la sala de juicio por lo que habrían ingresado por otra puerta de acceso al igual que los Cirigliano.Acuerdos extrajudicialesAl arrancar el juicio poco después de las 11, el Tribunal informó que al haber renunciado ayer (por el lunes) dos de las cabezas de querella tras un acuerdo económico con TBA, la de los abogados Marcelo Parrilli y María del Carmen Verdú y la de Miguel Ángel Arce Aggeo, algunos familiares de víctimas que no acordaron con la empresa y que estaban agrupados bajo este último fueron reasignados al abogado Javier Moral.Así quedaron en pie las querellas de Moral, de la familia Menghini Rey, representante del joven Lucas fallecido en el hecho, y aquellas otras al abogado Gregorio Dalbón, aunque de este último podría haber un acuerdo con la firma TBA.El Tribunal está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, y la fiscalía a cargo de Fernando Arrigo.En una tercera fila de la sala estuvieron ubicados los Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario; Antonio Sícaro y Pedro Ochoa, ambos ex titulares del organismo contralor, la CNRT.El resto de los acusados son Luis Alberto Ninoná, Daniel Guido Lodola, Miguel Werba, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Laura Aída Ballesteros, José Doce Portas, Pedro Roque Raineri, Francisco Adalberto Pafumi, Oscar Alberto Gariboglio, Víctor Eduardo Astrella, Daniel Fernando Rubio, Carlos Esteban Pont Verges, Alejandro Rubén Lopardo, Jorge Alberto De los Reyes, Guillermo Alberto D´Abenigno, Jorge Álvarez, Sergio Daniel Tempone, Carlos Alberto Lluch, Marcelo Alberto Calderón, y Roque Ángel Cirigliano.“Tragedia latente”“La tragedia permaneció en estado de latencia hasta el 22 de febrero 2012, podría haber ocurrido antes o después”, fue la conclusión que arrojó la acusación hecha por el fiscal Federico Delgado.Según surge de la lectura, el fiscal Delgado sostuvo que hubo “complicidad de los funcionarios” y remarcó: “Privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos. ¿El tren? El tren siguió siempre abrazado a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección”.De lo señalado por el fiscal, hubo un mal manejo de subsidios de un total de 1.924.625.755,67 pesos que recibió TBA de manos del Estado desde 2003 a la fecha.Para el fiscal, los funcionarios fueron cómplices “necesarios” de la “administración fraudulenta de los fondos públicos y esa misma inactividad formó parte de los actos concatenados que culminaron con el estrago agravado del 22 de febrero” de 2012.“Los trenes perdían sus prendas y nadie los arropaba, quien debía arroparlo no invertía ni arreglaba nada ¿Por qué? Por la connivencia de quienes debían custodiar la integridad del armario y su contenido que miraban para otra parte”. “Triste, día bisagra”María Luján Rey y Paolo Menghini, padres de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas, consideraron que la jornada de ayer fue “un día tristemente importante porque cierra dos años de búsqueda del juicio oral” que será “una bisagra”.Menghini ratificó “la responsabilidad de los ex funcionarios y empresarios” sentados en el banquillo de los acusados y afirmó que espera “un fallo condenatorio”.Asimismo, reclamó que el juicio “tenga transparencia y claridad”, ya que consideró que tanto los familiares como la sociedad “necesitan reconciliarse con la Justicia”.Por su parte, la madre de Lucas, María Luján Rey, reclamó que se investigue también al ministro de Planificación, Julio De Vido: “Falta que el ministro explique algunas o muchas cuestiones que debería aclararle a todos los argentinos. No descartamos que en este juicio surja algún indicio para que se lo investigue también”.El caso de Lucas Menghini Rey fue uno de los más resonantes de la tragedia de Once, ya que su cuerpo fue hallado dos días después del choque de la formación contra el Andén 2.
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