POSADAS. En el momento exacto en el que las agujas del reloj marquen las 8.30 del próximo martes, se pondrá fin a una larga espera que duró más de ocho años. Carlos Sebastián Ruiz (30) y Diego Ariel Cantallops Simonetto (29) finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados por el crimen de Iván Andrés Mercol (22), el joven que murió tras recibir una golpiza en un boliche de la avenida Corrientes de Posadas.Tal como PRIMERA EDICIÓN publica desde hace varias semanas, el debate se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples (Sum) del Palacio de Justicia, sobre avenida Santa Catalina al 1700, y será dirigido por el magistrado César Jiménez, a cargo del Juzgado Correccional y de Menores 2 de la capital.El juicio oral y público contará con la letrada Yolanda Esther Mazal de Mas como representante del Ministerio Público Fiscal, mientras que los abogados particulares Hugo Zapana, en el caso de Ruiz, y la dupla compuesta por José Luis Rey y Mónica Olivera, por Cantallops, conformarán la defensa.Los imputados llegan a debate acusados por el delito de “homicidio preterintencional”, que prevé penas de reclusión de tres a seis años o de prisión de uno a tres años, según el inciso “b” del artículo 81 del Código Penal Argentino.Según el relato del hecho que consta en el expediente, el episodio tuvo lugar alrededor de las 6 del domingo 19 de marzo de 2006 en un local nocturno de avenida Corrientes al 2300, en momentos en que el boliche cerraba sus puertas.Al parecer, en el pasillo de salida Mercol se cruzó con Ruiz, con quien inició una discusión que estaría vinculada a una exnovia. Fue en ese momento que Ruiz -siempre al decir del relato fiscal- lanzó tres golpes de puño a la víctima, dos de los cuales acertaron en la cabeza del joven estudiante. En ese momento también se sumó a la agresión Cantallops, quien vio que forcejeaban y resolvió intervenir “para defender” a su amigo, como declaró en su momento ante la Justicia. Fue entonces que le partió una copa de vidrio en la cabeza y luego lo golpeó también con sus puños.Mercol sufrió graves heridas y fue trasladado a distintos centros asistenciales. Falleció en la tarde de aquel domingo en un sanatorio de la avenida Mitre, ante la incredulidad de familiares y amigos. El caso generó enorme conmoción en el ámbito juvenil y no tardó en llegar los medios nacionales.Los forenses del Poder Judicial que llevaron adelante la autopsia determinaron que el deceso fue por “muerte violenta por trauma cráneo-cervical con injuria de la arteria basivertebral y daño neurológico grave e irreversible consecuente”.El viernes 5 de mayo de 2006 Ruiz y Cantallops fueron procesados por el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas. Días después de que se cumplieran dos años de aquella imputación formal, el lunes 19 de mayo de 2008, la fiscalía de instrucción 3 consideró que la etapa instructora estaba cerrada y requirió la elevación a juicio de la causa.“Los imputados deben responder por el delito encuadrado en el artículo 81, inciso ‘b’ del Código Penal”, determinó la fiscalía en aquel momento. Sin embargo, debieron pasar ocho años y cuatro postergaciones para que eso finalmente suceda.El martes, siempre que no medien imprevistos, finalmente comenzará el esperado juicio. Tendrá 67 testigos y se extenderá más de tres semanas. El viernes 10 de octubre será el día en que se conocerá la sentencia, al menos en un principio. Recién entonces, después de muchísimo tiempo, el caso Mercol tendrá su merecido punto final. Llegar a la verdadEn tiempo récord, el magistrado César Jiménez recibió el expediente, se avocó al caso y definió fecha de debate. Ante un nuevo pedido de probation por parte de la defensa de uno de los imputados, el funcionario decidió que lo correcto era ventilar el episodio en un juicio oral y público, como quedó asentado en su resolución del 11 de agosto pasado.“Tanto el juicio oral como la probation son dos caras de una misma moneda (…) en el caso que nos ocupa, el principio fundamental que me guía es preservar las garantías constitucionales y el principio de defensa en juicio de todos los justiciables. Elegir una u otra no quiere decir que se violan derechos humanos, garantías constitucionales o principios del derecho”, refirió Jiménez.En otro párrafo, el magistrado asegura que “la única vía para llegar a una resolución justa es el juicio oral (…) Necesito oír cada testimonio, oír imperiosamente lo que los imputados tengan para expresar en su defensa, oír a la señora agente fiscal (…) es únicamente en un juicio oral donde se ven reflejados todos los hechos y resguardadas todas las garantías y derechos”.Sobre el final, Jiménez resume: “el juicio oral es la única vía ya que por la amplitud de posibilidades en las resueltas, interpreto que para alcanzar una resolución justa y equitativa solamente se podría llegar a través de él, garantizando de este modo todas las garantías constitucionales y los derechos de todos los justiciables”. Sobre esos argumentos es que el juez resolvió rechazar el pedido de suspensión de juicio a prueba, tal como también había opinado al respecto la fiscal Yolanda Esther Mazal de Mas, para quien el juicio es el “ámbito en que los derechos y garantías de las partes con la dialéctica propia del contradictorio jugarán ese juego de pesos y contrapesos en la búsqueda de la verdad real”.Sin más impedimentos, el debate oral y público debería comenzar el próximo martes desde las 8.30 en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, sobre avenida Santa Catalina de Posadas. Allí será el momento de la verdad.
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