En un momento en que el cambio de gobierno sugiere una etapa en la que debe predominar la tolerancia en cuanto a decisiones políticas dirigidas al bien común, sería de esperar que el clima positivo invite a articular una consistente política de Estado que actúe en forma integral y en todas sus facetas, contra el creciente flagelo que representa la violencia contra las mujeres.En la actualidad, la problemática de la mujer incluye una multiplicación alarmante, e irracional, de la cantidad de femicidios; expresión extrema de la violencia de género, lamentablemente instalada en el cotidiano de los argentinos, y en Latinoamérica en general, donde alcanza niveles de endemia, según un estudio de la Cepal. La ley recientemente promulgada aporta al objetivo de combatir este flagelo, al crear el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y tendrá la misión de "garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485". Los letrados que integren el nuevo cuerpo deberán "brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485". La iniciativa es un aporte, sin embargo se requiere de una política integral y un enfoque amplio que recepte toda la complejidad de esta problemática; y que no descuide sus profundas ramificaciones en la cultura, la vida laboral y los vínculos personales.
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