Un grupo de legisladores del Partido Agrario, presentó ayer un pedido de acceso a información pública, tras sospechar que habría irregularidades con las tarjetas sociales alimentarias para integrantes de las comunidades aborígenes, durante la gestión del exministro clossista de Derechos Humanos, Edmundo Ramón Soria Vieta.Según los registros, unas tres mil personas mbya deberían estar recibiendo la ayuda social. Pero, tras reunirse con diferentes sectores recibieron la advertencia de que serían muchas menos las que efectivamente se nutren de la tarjeta alimentaria.Los legisladores sostienen que estarían ante la punta de una “alevosa malversación de fondos públicos” que consistiría en hacer figurar nombres inexistentes en la lista de familias asistidas, o lo que es lo mismo, “inventar beneficiarios”. El aporte mensual que reciben las familias a través de la tarjeta alimentaria es de 600 pesos, un monto que no es alto en relación a las necesidades de esta franja sumamente pobre de la población misionera. Pero los números cambian apenas se multiplican por la cantidad de beneficiarios: por mes, el programa totaliza una inversión de 1.515.600,00 pesos y un acumulado anual de 18.187.200,00 pesos, según información oficial. La cuestión denunciada, no puede caer en saco roto. Debe existir un fiscal en la Justicia misionera (tal vez algún juez penal capaz de investigar a fondo si esa sospechada malversación está presente en nuestro días). Lo que debe quedar en claro, es que con la asistencia que pagan todos los contribuyentes misioneros, no se debe hacer política partidaria parcializada, peor aún si el rédito lo sacan encumbrados funcionarios que deberían velar por el interés general. Así como los diputados se interesaron en el tema, debiera el gobernador Passalacqua abrir un sumario para llegar hasta el final de la cuestión.
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