El Consejo de Caciques de la Nación Mbya Guaraní detectó gruesas irregularidades en el manejo de las tarjetas alimentarias destinadas a la asistencia de las familias de las distintas comunidades de esta provincia.Las irregularidades incluyen “beneficiarios truchos” entre los que habría ciudadanos “criollos y extranjeros”, y hasta la invención de “aldeas inexistentes” que aparecen en los listados como supuestas acreedoras de la ayuda estatal. Las irregularidades fueron puntualmente detalladas por la máxima autoridad reconocida del pueblo mbya en una nota formal elevada al Ministerio de Derechos Humanos que conduce Lilia “Tiki” Marchesini, a pedido de la ministra y con el fin de contestar un requerimiento de acceso a la información pública tramitado por legisladores del Partido Agrario y Social (Pays). Desde este espacio anticiparon que ya con la documentación en mano y las contundentes manifestaciones de los caciques, analizan denunciar penalmente al exministro Edmundo Soria Vieta por la supuesta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros posibles que surjan de la investigación de la cuestionada operatoria. Millones en juego La sospecha sobre el manejo discrecional de las tarjetas alimentarias surgió cuando el legislador de ese espacio, Martín Sereno, realizó un relevamiento parcial en algunas comunidades del interior, constatando que son muchas las familias que no reciben la asistencia pese a estar supuestamente universalizada.La respuesta del Consejo de Caciques deja poco margen para dudas. En la nota elevada al ministerio, que se acompañó con el listado de beneficiarios, señalan que el exministro renovador “hizo uso arbitrario y clientelar” del beneficio que debía ir destinado prioritariamente a la asistencia alimentaria de los más humildes. La ayuda conocida como “tarjeta alimentaria” consiste en un aporte mensual bancarizado de 600 pesos. En 2010 se anunció oficialmente que 7.500 guaraníes integrantes de 93 comunidades eran los directos beneficiarios. A principios del año pasado se informó, también oficialmente, que la tarjeta llega “en forma efectiva” a las 2.526 familias mbya, lo que representa una inversión anual de $ 18.187.200. Si bien el programa fue puesto en vigencia por el Ministerio de Desarrollo Social, el capítulo destinado a las comunidades mbya es regenteado por el Ministerio de Derechos Humanos que confeccionó los listados. “Sin consentimiento” Los caciques señalan en la nota que el exministro ignoró las directivas superiores tendientes a responsabilizar de la definición de beneficiarios al Consejo que los nuclea, y que por el contrario, tomó las riendas “tergiversando y manipulando y confeccionando el listado de beneficiarios de manera arbitraria y clientelar”.También acusan al exfuncionario de ignorar los listados elevados de niños de 0 a 2 años que debieron recibir un refuerzo de 250 pesos mensuales, como así también los listados de los estudiantes secundarios y terciarios de las comunidades que debieron ser beneficiarios de una beca de 400 y 600 pesos por mes, respectivamente. En relación a la nómina de beneficiarios de la ayuda alimentaria, “encontramos japoneses, criollos y que se está financiando a comunidades inexistentes”, señalaron. Finalmente, indicaron que “lo peor de todo es que los tickets (alimentarios) pueden ser canjeados en cualquier lugar de la provincia al portador, por lo que el beneficiario es un supuesto originario”. IncumplimientoA principios de 2015 y tras la difusión de las carencias extremas de los habitantes originarios misioneros en la televisión nacional, el Gobierno de la provincia presentó el “Plan de Contención Socio Sanitario Educativo Integral para las familias Mbya Guaraní”, un ostentoso título para un supuesto paquete de acciones a cargo de diversas áreas de gobierno. Se anunció el incremento del monto de la tarjeta alimentaria a 600 pesos, la universalización de una asistencia económica de 250 pesos para los chicos guaraníes de entre cero y dos años y el subsidio para estudiantes secundarios y terciarios. Además, se anunció la creación de escuelas y salas de cuatro años en las comunidades, la contratación de promotores de salud y médicos, la entrega mensual de leche fortificada, refuerzos alimentarios, nuevas perforaciones para provisión de agua en aldeas guaraníes, entre otras medidas. En las aldeas sostienen que poco y nada se cumplió.
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