En el primer caso, la reciente elevación unilateral de la alícuota de la Ciudad Autónoma no constituye un buen comienzo, aunque no impide que de ahora en más se apueste a una discusión amplia, participativa y se reconozcan los derechos y la situación particular de cada distrito. Misiones, en este aspecto, tiene para reclamar una actualización que justifica un alto crecimiento poblacional que ya hace muchos años no se ve reconocido por un incremento acorde de los envíos de recursos. Hoy, en tanto, se espera que se lleve a cabo en Buenos Aires y bajo la coordinación del Ministerio del Interior, como es pertinente, la primera reunión de análisis de la reforma electoral, que parte de la premisa de unificar criterios para contar con un único sistema a nivel país. El desorden que impera, como las situaciones contrastantes creadas por las diferentes realidades jurisdiccionales, están fuera de dudas. Es evidente también la necesidad de avanzar en la modernización de los sistemas, para lo que se apunta, desde la Nación a generalizar la aplicación del voto electrónico, entre otras iniciativas. El debate abrirá, seguramente, posibilidades de ampliar los consensos previos, para poder llegar a un resultado óptimo en favor de la joven democracia argentina. El Gobierno misionero debería revisar su anticipada intención de abroquelarse en la defensa de la Ley de Lemas. Las autonomías provinciales, garantizadas por la Constitución, que se invocarían en la oportunidad, no avalan la insistencia en mantener un sistema fuertemente cuestionado y que ha dado lugar a notorios excesos.
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