En un verano caliente en el que las subas de precios de productos y servicios de primera necesidad, como la carne, el transporte y la electricidad, por nombrar algunos componentes indispensables de la canasta familiar, generan inquietud en los hogares; el defensor del Pueblo de Posadas, Alejandro Cohen, salió a la palestra con un pedido de nulidad de la suba de tarifas que aplicó recientemente el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.Luego de que trascendiera la decisión de la prestataria eléctrica provincial, Electricidad de Misiones SA (Emsa) de replicar en la provincia la modificación tarifaria aplicada a nivel nacional,?con subas de hasta 200%, Cohen envió una carta-documento al ministro José Aranguren, a quien solicitó la nulidad de la Resolución del Ministerio de Energía y Minería que lleva su firma y que estableció, el 27 de enero pasado, la eliminación de subsidios a la energía en el área metropolitana de Buenos Aires, unida a una fuerte suba de la tarifa eléctrica. Cohen, tomando la delantera entre los 40 ombudsman que actúan en el país, impugnó, en la carta documento, la validez de la Resolución N° 06/2016 por no cumplir con el requisito legal de consultar a los usuarios mediante el mecanismo de audiencia pública, antes de hacer efectiva la suba que repercute fuertemente en las economías familiares de los usuarios del servicio, y reclamó que la Resolución quede sin efecto, “por manifiesta nulidad, en los términos del artículo 14 Inc. b) de la ley. 19.549”.“La Resolución N° 06/2016 incurre en una violación legal, al no haberse cumplido con el procedimiento previsto por el Art. 46 de la Ley Nacional N° 24.065”, resaltó. Interés públicoLa ley en cuestión, entre otras disposiciones, establece que “los transportistas y distribuidores aplicarán estrictamente las tarifas aprobadas por el ente” pero podrán, sin embargo, “solicitar a este último las modificaciones que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas”, citó Cohen en la nota enviada al ministro.“Recibida la solicitud de modificación -continúa el texto legal- “el ente dará inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta (30) días y convocará a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley o al interés público”.InconstitucionalidadSobre esa base legal, explicó Cohen a PRIMERA EDICIÓN la presentación al ministro Aranguren busca una rectificación, en principio, por la vía administrativa, sin embargo, y en consideración a que la demanda al funcionario nacional no genere una rectificación de la medida, el Ombudsman posadeño especificó en la nota que “hace reserva de plantear el caso federal ante la Justicia, por ser esta contraria a los preceptos de la Constitución Nacional, la cual asegura a los usuarios, en la relación de consumo, la tutela a los intereses patrimoniales, así como a la información adecuada y veraz”.En la fundamentada presentación Cohen requirió que en cumplimiento de la normativa invocada, “se ordene la realización de la audiencia pública, cumplimentando con la elementales pautas que hacen al establecimiento de una tarifa de energía razonable y por sobre todas las cosas equitativa para todos los argentinos.”. En cuanto a la solicitud de una audiencia pública , el Defensor del Pueblo de Misiones invocó el Art. 73° de la Ley ya citada : “Cuando, por procedimientos iniciados de oficio o por denuncia, el ente considerase que cualquier acto de un generador, transportista, distribuidor o usuario es violatorio de la presente ley, de su reglamentación, de las resoluciones dictadas por el ente o de un contrato de concesión, notificará de ello a todas las partes interesadas y convocará a una audiencia pública estando facultado para, previo a resolver sobre la existencia de dicha violación, disponer todas la medidas de índole preventivo que fueran necesarias”. “El usuario final termina pagando” Consultado por PRIMERA EDICIÓN, el defensor del Pueblo de Posadas, Alejandro Cohen, al explicar los pormenores y fundamentos de su presentación ante el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, impugnando la reciente suba tarifaria, explicó que “la ley marca la obligación de la Nación de que cada vez que hay aumentos de tarifas o costos debe convocarse a una audiencia pública y este requisito no se cumplió en el caso de la Resolución del Ministerio de Energía de la Nación”.El costo que se tuvo en cuenta en este caso -precisó Cohen- es caso “es sobre la generación de energía, que se trasladó al transporte y, en función de eso, termina trasladándose al usuario. No cumplieron con la obligación legal del texto normativo, se aplicó un tarifazo y nadie dijo nada”. Respecto a la carta-documento enviada al ministro Aranguren, dijo Cohen que “en realidad es un reclamo administrativo,en principio, pero si no avanza la cuestión con el reclamo administrativo, o no nos contestan, estamos habilitados a ir a la Justicia Federal y hacer un reclamo de nulidad sobre la Resolución, un reclamo que debe resolverse en el ámbito federal porque hay un conflicto entre Nación y Provincias”, indicó. El Defensor del Pueblo de la Nación se iba a reunir con el presidente el ENRE para analizar las consecuencias del tarifazo, “pero hasta ahora no conocemos qué ocurrió, y dejamos abierta la vía de reclamar en sede judicial”, agregó Cohen en relación a su decisión de avanzar en el pedido de nulidad. En cuanto a la “emergencia energética” declarada por el Ministerio de Energía, señaló que la emergencia rige para las tarifas de Edesur y Edenor, “que necesitaban compensación de costos. Estas dos generadoras de electricidad de la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires perdieron 3.300 millones por la imposibilidad de subir los precios en los últimos años, y ahora ganaron la misma cifra cuando readecuaron las tarifas eléctricas al mercado. Es comprensible la situación, debida a los subsidios, que impidieron que los costos de la inflación se incorporen a la tarifa, la que tendría que haberse ido aumentando gradualmente”, opinó el Ombusdsman, aunque fue crítico respecto al efecto del tarifazo. “Se traslada a todo el mercado, al transporte y al consumidor, con lo cual los comerciantes están elevando sus tarifas de precios, por sus costos como refrigeración de productos, etc. Estamos de acuerdo en que las empresas tienen que tener un margen de ganancias, pero no en que se descargue todo sobre los hombros del usuario. Lo que queremos es que nos den una explicación razonable”, remató.
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