Elsa, Debora y José Armando son integrantes de la familia Laudín, que reclama que la Justicia actúe y les devuelva los terrenos ubicados próximos al Acceso Sur de la capital provincial, que fueron usurpados el 2 de mayo de 2013. “Seguimos todo el camino judicial, como corresponde, incluso hasta hubo una orden desalojo que no se concretó en agosto de 2013 y la causa quedó congelada. Lo más llamativo es que hace una semana atrás otro juez concretó un desalojo por una situación idéntica, en la misma zona, lo que nos hace pensar que hay algún tipo de preferencia”, señalaron en una extensa charla con PRIMERA EDICIÓN.La lucha de esta familia pionera de Miguel Lanús, por recuperar sus terrenos, continúa a pesar de toparse en reiteradas ocasiones con situaciones desagradables, donde se deja entrever otro tipo de intereses por sobre la Justicia.“Están ocurriendo echos que nos preocupan mucho porque hubo un par de desalojos en terrenos cercanos y la causa nuestra sigue sin moverse. Lo lamentable es que en su momento la orden del juez Yaya (César) fue de desalojar el predio nuestro pero la policía no actuó y nadie hizo nada. Pareciera que somos Kelpers, ciudadanos de segunda”, apuntó José Armando. Y agregó que “nos sentimos discriminados porque simplemente defendemos lo que es nuestro. ¿Por qué existe la Justicia para unos y no para otros? Queremos saber qué respuestas nos dan al respecto”.Otros jueces, otro procederA su turno, Elsa recordó que en los últimos días y luego de varios intentos “estuvimos con el juez Yaya y le planteamos la situación de los desalojos que se concretaron en estos días a cargo de otro juez (Carlos Giménez). Tenemos a varios integrantes de nuestra familia enferma, pasando momentos difíciles y necesitamos recuperar lo que históricamente es nuestro. Queremos que ya se haga algo porque no podemos esperar más”.El juez Yaya “nos prometió realizar el resumen del expediente y pasarlo al nuevo ministro de gobierno sobre la causa. Veremos si cumple y eso permite avanzar en la causa”, dijo. José Armando manifestó que más allá de no obtener respuestas, “no bajaremos los brazos. Estamos agotando todas las instancias legales y pensamos seguir por ese camino. Creemos en la Justicia y en la Constitución, y a veces los echos no se corresponden con lo que está escrito y que debería cumplirse, porque las leyes están para eso, sino cada uno haría lo que quisiera ocuparía cualquier propiedad privada, iría, se metería y nadie haría nada. No somos nosotros los que debemos resolver el problema de esas familias intrusas, para eso están los gobernantes y los diferentes poderes del Estado, que deben accionar los mecanismos necesarios para contenerlos, ayudarlos y brindarles, en este caso, un lugar para vivir”. Destacó que “somos una familia con casi 100 años viviendo en esa zona y además contamos con toda la documentación que nos avala como propietarios legítimos, eso está fuera de toda discusión”.Además del último caso de desalojo en Miguel Lanús, ocurrido hace pocos días atrás, los Laudín recordaron que hubo otro antecedente similar en febrero de 2015 en Itaembé Miní. Allí en menos de una semana el juez de turno, Fernando Verón, determinó desalojar a las personas al presentarse el propietario con la documentación que acreditaba su posesión.“Lo que se observa es que esas viviendas, en nuestros terrenos, están creciendo cada vez más. No queremos que se convierta en una Villa 31. Nadie hizo nada como para que tampoco se sigan metiendo más personas allí. Tienen energía eléctrica, agua potable, no entendemos cómo consiguieron que le bajen esos servicios. Nos duele que en nuestra provincia pase esto”, concluyeron.
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