Única vía

Por razones de justicia y de economía tiene que proceder a despedir a los que ingresaron por criterios políticos y a quienes cumplen una tarea innecesaria.Es injusto que alguien ingrese a la planta permanente del Estado gracias a un privilegio político.  Además de discriminatorio, vulnera el requisito de idoneidad y el principio de igualdad ante la ley. Asimismo, es moralmente inaceptable asignar recursos de los contribuyentes para sostener empleos ficticios cuando hay una gran cantidad de necesidades sociales urgentes que el mismo Estado tiene como prioridad atender.Por eso, es contradictorio que los gremios y los referentes sociales que supuestamente defienden a las clases populares sean quienes se oponen a los despidos de privilegiados vividores públicos. De hecho, si de estricta justicia se trata, además de despedirlos tendrían que ser obligados a devolver las asignaciones que percibieron por un trabajo mal habido.Para ponerlo en números, de acuerdo a los datos que figuran en los presupuestos nacionales, el gobierno de Néstor Kirchner recibió en el año 2003 una plantilla de 266.165 empleados, sumando los de la Administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. De ese total, unos 258.732, es decir la mayoría, figuraban en la planta permanente.A fines de 2015, el gobierno de Mauricio Macri heredó un total de 403.839 (+51,7%) empleados, de los cuales 389.159 (+50,4%) figuran en la planta permanente. Es cierto que a través del monitoreo de los presupuestos nacionales al incremento del empleo público se lo vio crecer año tras año durante los gobiernos kirchneristas. Pero, no es menos cierto que los contribuyentes no están agrupados para realizar campañas o movilizaciones denunciando una injusticia cuyo costo tendrán que solventar.