El diputado radical Mario Pegoraro y su par del PRO Alfredo Schiavoni entregarán este miércoles al Juzgado de Instrucción Penal de Oberá, a cargo del juez Horacio Alarcón, una nueva prueba documental vinculada a la causa mediante la que se investiga la llamada Tragedia de Acaraguá, el accidente ocurrido sobre el puente del mismo nombre en la ruta 103 en el Norte misionero, en el que volcó un colectivo de la empresa Singer dejando un saldo de tres personas fallecidas y varios heridos. El accidente, que tuvo lugar el domingo 13 de abril del año pasado, alcanzó trascendencia nacional y conmocionó a la opinión pública misionera debido a que la tragedia se produjo por el mal estado del viaducto, cuyas estructuras no soportaron el peso del ómnibus, al volcar, el vehículo partió en dos prácticamente la calzada y sufrió una caída de 25 metros, salvándose de caer al agua por los cimientos y las paredes de la construcción, que amortiguaron el impacto. Paradójicamente, cuando el martes se anunciaba según el último informe técnico elevado a la Dirección Provincial de Vialidad por la empresa constructora, que en breve podría estar concluida la construcción del nuevo puente sobre el Acaraguá, aún no se han establecido con claridad las responsabilidades inherentes al fatal accidente. La circulación de una pesada unidad del transporte de media distancia sobre un puente en el que supuestamente se había restringido el tránsito a vehículos livianos, por el mal estado del viaducto, nunca fue explicada fehacientemente por las autoridades. El extitular de Vialidad Provincial, Julio Duarte, se tomó quince días para hacer pública la postura de la repartición, que negó cualquier responsabilidad en el hecho. Duarte alegó que ya se había iniciado el proceso licitatorio para reparar las fallas en la estructura del puente y trató de cargar la culpa del accidento sobre el chofer del colectivo. La documentación que se entregaría este miércoles, a la que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN, no obstante, podría complicar la situación de Vialidad, ya que probaría -de comprobarse su autenticidad- que el ingeniero jefe de esa repartición, Rafael Mazal, firmó el jueves 20 de febrero de 2014, dos meses antes del siniestro, una nota remitida a la empresa Singer, ratificando la autorización “para la circulación de transporte de pasajeros por la Ruta 103”. Pegoraro ya había incorporado una autorización similar a otra empresa, a la causa que se tramita en Oberá, hasta ahora sin novedades.
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