Esta no sería, sin embargo, la consecuencia más notoria de la salida del funcionario, sino el estado de crisis que generó el escándalo suscitado por el indecoroso contrato, en un organismo judicial que ha suscitado en forma recurrente en la ciudadanía fuertes sospechas de connivencia con el poder político de turno.Llama la atención, asimismo, que más allá de los aspectos particulares del caso, este resalta como una expresión más de una realidad que tiende a generalizarse en diversos organismos provinciales en los que se siente la impronta de una década larga de continuidad de un único esquema de poder político.Las actitudes que sin dudas se pueden calificar de soberbias de los funcionarios de Electricidad de Misiones SA ante la justa reacción de los usuarios tras el “tarifazo” eléctrico, o el millonario “autopago” en Yacyretá, todavía no aclarado del todo; son sólo dos ejemplos de cómo la permanencia excesiva en el poder tiende a generar un abusivo estilo de gestión.No se trata de postular hechos de corrupción que debe probar la Justicia, pero los hechos particulares que trascienden, ya sea como indecorosos o al límite del dolo; que se han vuelto comunes en muchas instituciones misioneras, habitualmente señalan la punta del iceberg de la corrupción institucional devenida en cultura política.Este mal que prolifera dentro y fuera de las fronteras de la provincia, desafortunadamente, es causa de un creciente descreimiento ciudadano. Quienes gobiernan en base a la legitimidad del voto, cabe señalar, no carecen de obligaciones; la principal de las cuales es honrar la función política y acercarla a la gente.
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