El reclamo activo de los misioneros por el abusivo "tarifazo" aplicado por Emsa implica un llamado de atención en muchos sentidos, no únicamente respecto a la desaprensiva actitud del Directorio de la empresa, la cual justificadamente provocó la indignación generalizada de los usuarios. Mucho se puede debatir sobre el valor de la tarifa eléctrica, y es natural que existan diferencias de criterio respecto a la política energética que se aplica, o se debe aplicar, en un momento dado. Pero no hay duda alguna de que la forma en que la empresa gestionó la aplicación del incremento transparentó no apenas un error o desacierto circunstancial, sino un estilo de gestión obsoleto. Y un estilo de gestionar, en la función pública, se vuelve obsoleto cuando quienes toman las decisiones en las diversas áreas no reconocen las necesidades de la gente e ignoran sus expectativas y aspiraciones. De esta manera, se pierde de vista una destreza esencial para el político de raza: la capacidad de distinguir la trama de una tendencia general en los hechos particulares; virtud que permite al funcionario anticiparse a los tiempos políticos y las demandas sociales. El Gobierno provincial parece haber descuidado este aspecto, tal vez no por falta de vocación, sino a causa de una excesiva permanencia en el poder, y actúa torpemente frente a la evolución de un reclamo que, como se dice al principio de esta columna, no se limita al “tarifazo” en sí, sino que envuelve una demanda más profunda, vinculada a una emergencia de la conciencia ciudadana. Si desde el Gobierno no se entienden las nuevas formas de participación ciudadana, y se insiste en un modo de gestión obsoleto; no se deberá lamentar que en lo sucesivo se intensifique el descontento, en especial el del ciudadano de a pie, que no suele pisar las alfombras de los despachos oficiales.
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