Silencios que hablan

El domingo pasado se cumplieron ocho años de la desaparición de Mario Fabián Golemba, el joven de 27 años que el 27 de marzo de 2008 dejó su domicilio para atenderse con una nutricionista en Dos de Mayo y nunca volvió a la casa familiar, en la Picada Indumar, y cuyos padres hasta el día de hoy realizan infructuosos reclamos y gestiones ante las autoridades pidiendo una investigación que nunca llega. Según medios periodísticos, existen testimonios de personas que vieron al joven Golemba esa noche, al término de la visita médica, detenido en la Comisaría de Dos de Mayo, sin que se sepa la razón por la cual habría sido encarcelado, ya que su conducta y sus antecedentes no avalarían un comportamiento en pugna con la ley  o vinculado a la comisión de un delito.Conociendo la conducta ejemplar del joven hijo de productores rurales y los testimonios de una eventual intervención policial, la resolución de este caso debería haber sido una prioridad para el Estado provincial, como para la Justicia misionera. Ante la pasividad de las autoridades, no se puede sino pensar que  -una vez más- ante los hechos consumados la pragmática reacción oficial fue soslayar un nuevo exceso de violencia policial; pese a la pérdida de la vida de un joven inocente.Dejar las cosas como están, sin profundizar la investigación,  equivale no sólo a una negación de justicia, sino a la naturalización de lo inadmisible: que un ciudadano pueda desaparecer sin más, en democracia y estando vigente el Estado de derecho, sin que medie una presunción de accidente o actividad delictiva ni una crisis o catástrofe natural.  Cabe recordar que la Legislatura provincial aprobó el año pasado un ambicioso “Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes”; el cual -si la intención fuera ponerlo en realidad en vigencia- sería el instrumento adecuado, por las amplias facultades concedidas al mismo, para intervenir en un caso que, aparentemente, encubre un uso inhumano de la violencia.