Casi un año después volvió al Concejo Deliberante local la preocupación del cuerpo en torno al riesgo edilicio que significa la construcción de la Estación de Transferencia del Sistema Integrado de Transporte de la avenida Quaranta. Esta vez, con apoyo del bloque renovador -que en mayo de 2015 había soslayado el tema planteado desde la oposición- solicitó informes al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para deslindar las responsabilidades en torno a que, ya avanzadas las obras, se advirtió la presencia de un caño maestro distribuidor de agua potable que cruzaba por debajo de ese solar, lindero a la terminal de ómnibus de la ciudad, tal como publicó este Diario el pasado martes 29.Esta vez le cupo nuevamente a la oposición plantear el tema para su consideración sobre tablas, en el que se le pide diversos informes a la Intendencia para conocer quiénes son los responsables de su planificación, de la aprobación de esos planos y de la inadvertencia de la situación irregular durante las inspecciones de obras periódicas. Como también por qué la empresa Servicios de Aguas de Misiones SA (Samsa), no alertó con la suficiente anticipación de la presencia del caño maestro distribuidor de agua potable y de otros cloacales en un terreno privado, cuando ello no está permitido por ley, aun cuando esas obras hayan sido hechas hace décadas por la anterior prestataria del servicio, la Administración Provincial de Obras Sanitarias (Apos).Los cuestionamientosPara el radical Fernando Pianesi, quien planteó la iniciativa en nombre de su bloque partidario, ello constituye una irregularidad de la que ahora nadie quiere hacerse cargo. En particular, porque la recomendación es desviar esos caños, sacándolos de allí, para que éstos no colapsen en razón del intenso movimiento que habría cuando la obra esté habilitada. Según explicó, el año pasado el cuerpo conoció la advertencia de Samsa, dando origen a un pedido de informes similar que la entonces mayoría oficialista desechó.UltrasecretoLa filtración en las redes sociales de los lugares donde los inspectores municipales realizan operativos viales fue el justificativo aducido por el oficialismo renovador para oponerse al tratamiento sobre tablas de un proyecto para requerir al Ejecutivo se informe sobre ellos al cuerpo a fin de que los concejales puedan presenciarlos. Pero la pretensión de desviar la intención de la oposición de conocer sobre terreno cómo y con qué trabajan los inspectores, se convirtió en un búmeran para el oficialismo. La oposición lo tomó como una acusación velada y negó conocer la ocasión de esos operativos, cargando cualquier responsabilidad sobre quienes los disponen desde la Municipalidad y la Policía. Existen redes de WhatsApp y Facebook a través de las que se los difunde, denunció Santiago Enríquez (FR) en ese argumento, quien además mostró en su teléfono la infidencia. “Esta no es una cuestión municipal, sino policial”, dijo.El oficialismo negó el tratamiento del tema allí. Aceptó hacerlo en comisión para mejorar el proyecto, pero reclamó que, cuando se informe, la oportunidad de esos operativos sólo lo reciba la Presidencia en sobre cerrado.
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