Aunque todavía no hay nada en concreto, es un avance significativo que la presión popular haya inducido al Gobierno a poner orden en el intrincado panorama interno de la concesionaria eléctrica, cuyo presente deficitario se remonta a sucesivas administraciones que -más allá de los criterios de administración- la usaron como una caja supletoria de la política provincial; desvirtuando la función y los objetivos de una empresa que responde por un servicio esencial para la comunidad. Este contexto de años de permisividad realza el valor de las marchas realizadas por los usuarios, que instalaron en la agenda misionera un decidido reclamo por más transparencia en el manejo de las instituciones públicas; reclamo que, como ocurrió con el triunfo del No a Corpus en 1994; impacta de lleno en la opinión pública misionera. Estas causas demostrativas del poder transformador de la gente cuando defiende activamente sus derechos, son dinamizadoras de la conciencia pública. Un ejemplo del saludable contagio que provocan estas causas justas, en este caso las jornadas de protesta por el tarifazo eléctrico; es la convocatoria de un grupo de vecinos autoconvocados de Puerto Libertad a una reunión a realizarse este domingo. Los vecinos de Puerto Libertad iniciarán el camino de un reclamo que busca justicia: buscan que Emsa pague regalías a la localidad por la afectación de la represa de Urugua-í, de la cual recibe el 30% de la energía. “Somos el pueblo -advierten- más perjudicado por Urugua-í. Hemos perdido la mayor extensión de tierra productiva, perdimos innumerable cantidad de especies de la fauna y de flora”.
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