La denuncia presentada por el diputado radical Gustavo González contra el extitular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Oscar Thomas y el renunciado ministro del Superior Tribunal de Justicia César Santiago por la contratación irregular de este último en la entidad en el período 2012/2016, tendría destino de tratamiento nacional.Como se informa en esta misma edición de PRIMERA EDICIÓN, el fiscal penal de Posadas se habría declarado incompetente y la jueza María Verónica Skanata, encargada de la instrucción, podría derivarlo a alguno de los jueces federales de Comodoro Py en Capital Federal, al menos es lo que se estima en estas instancias preliminares.La contratación de Santiago, incompatible con su condición de integrante del máximo tribunal de la Justicia misionera, de cualquier modo, aparece como un caso testigo de la irregular trama que cruza intereses de la política y la magistratura en la provincia; sobre el caldo de cultivo de la historia político-institucional de los últimos años y más allá de las derivaciones nacionales. El carácter binacional de la EBY o la circunstancia de que el contrato en cuestión haya sido refrendado en Capital Federal, causales que justifican la inhibición del fiscal, no impiden que por encima de la cuestión jurisdiccional, el caso exprese un grado alarmante de corrupción institucional en la provincia. Las listas de “ñoquis” y la rotación de funcionarios políticos en los Directorios de empresas del Estado con abultados ingresos y sin una contra prestación explícita, son síntomas claros; como lo es la constatación de que el acelerado crecimiento patrimonial de muchos funcionarios convive con un aparentemente inamovible sustrato de pobreza. No es mala idea, en este marco, promover la creación en Misiones de una Oficina Anti Corrupción, iniciativa que en su momento presentara a la Legislatura el Partido Trabajo y Progreso, sin obtener resultados y que una sucesión de escándalos, de conocimiento público, vuelve a poner en el tapete.
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