El aumento de 10% en los precios de los combustibles, que representa la mayor suba porcentual efectuada de una vez en un decenio y suma un incremento de 30% desde diciembre, fue mal recibido hasta en el propio sector de los estacioneros, desde el que se observó que lo que se ganaría en una mayor facturación se pierde en la previsible caída de las ventas de aquí en adelante.Las explicaciones del ministro José Aranguren, quien adjudicó el incremento a un acuerdo sobre subas graduales cerrado en diciembre pasado y a la necesidad de cuidar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector petrolero -en el marco de lo cual no descartó que en futuro si se mueve el precio internacional del petróleo podría sobrevenir una nueva suba- resultó poco convincente.Es que, aun admitiendo las explicaciones técnicas respecto a la necesidad de sincerar el precio del producto, y reconociendo el peso de los altos impuestos que en las naftas alcanza al 46% y en el gasoil llegan a un 40; llama poderosamente la atención la inexistencia de, siquiera, una mención al contexto inflacionario y al impacto de la medida sobre el nivel de precios. Es sabido que el precio de los combustibles tiene un poder desestabilizador en una economía inflacionaria, y que no hay razón alguna para pensar que en este caso no influirá en ese sentido; tal como lo advirtió Rosario Sica, presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra): “No se puede aumentar de esta manera desaforada, lo único que hace es disparar la inflación”.La preocupación de la empresaria es la misma del ciudadano común, que tiene que hacer frente a un nuevo incremento que impacta en su ya limitada capacidad de hacer frente a los gastos del mes. Ante la incertidumbre que genera una medida que parece haber sido tomada en forma aislada y sin consideración al contexto ayudaría que el gobierno nacional comunicara mejor la proposición política que -aquí y ahora- la hace necesaria.
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