El contenido de la propuesta del Gobierno, que será discutida esta semana en el ámbito legislativo, no queda del todo clara en el ámbito de la seguridad social, donde actualmente se administran los juicios por reajustes de haberes. Y es que todavía no se conoce la letra chica del proyecto que, con encabezamientos importantes, se transformaría en uno de los primeros hitos del macrismo en la Presidencia.Sí se sabe de la existencia de tres tramos: las que tienen sentencias firmes definitivas, las cuales hay que cumplirlas sí o sí porque es una sentencia de la Corte; las que están en pleno proceso judicial; y un tercer tramo que apunta a aquellos jubilados que nunca tuvieron la posibilidad de pagarle a un profesional, o por desconocimiento.En la actualidad existen por lo menos unos 50.000 juicios con sentencia, unos 300.000 por reajustes y unos 2 millones que no hicieron juicio. Quedan afuera los que se jubilaron por la moratoria y los autónomos. Y se sabe también que se van a tomar tres o cuatro años para hacer el pago de estos reajustes, aunque habrá prioridades.Aparentemente, los que tienen sentencia de Corte Suprema se les pagará el 50% del retroactivo y el resto se pagará en cuotas durante los tres años siguientes, actualizando los montos con las movilidades de los jubilados. Los que están en procesos judiciales se les reconocerán sólo cuatro años de retroactivos y los que no hicieron juicio se les modificaría el haber. Ahora bien, el oficialismo necesita fondos para cumplir lo propuesto y para ello apunta al blanqueo de capitales y de la venta de las acciones de empresas privadas que se hallan en manos de la Anses. La iniciativa comenzará a ser discutida esta semana y es de esperar que surjan cambios a partir de las negociaciones para aprobar la norma. De ahí la importancia de conocer la ley definitiva y, más aún, su letra chica.
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