Un voraz incendio que se inició alrededor de las 5.30 del viernes destruyó un sector de la cárcel de Tacumbú, la más famosa y grande del país que alberga a unos cuatro mil reclusos. Al menos seis personas murieron durante el siniestro, informaron las autoridades ayer por la tarde, luego de la confirmación del hallazgo de cinco cadáveres.“En un principio eran cuatro desaparecidos, entonces ingresamos en la búsqueda y logramos ubicar cinco cuerpos. Además de los cuatro nombres confirmados, existe uno que no conocemos porque no logramos identificarlo. Los sacamos y lo pusimos a disposición del forense Pablo Lemir”, dijo el capitán de los Bomberos, Rubén Valdez.Los cuerpos se encontraban en el sótano, que tiene una extensión de unos 20 metros de largo por 5 metros de ancho. En el lugar se encontraban asignados unos 40 reclusos, explicó el bombero a medios de prensa.Sobre la posibilidad de que puedan existir más víctimas fatales, Valdez sostuvo que el lugar está muy oscuro y con mucho humo, por lo que no puede asegurar si existen más víctimas fatales.Las personas que se encontraban desaparecidas son César Herrera Bogado, Daniel Salinas, David Roberto Fraser Gamarra y Francisco Javier Benítez y Alfredo Maciel. Falta confirmar si los que estaban con paradero desconocido son los fallecidos.Hasta el momento son seis fallecidos, el primero fue el jefe de seguridad del penal, Blas Gaona, quien inhaló mucho humo al tratar de salvar a los reclusos.Por otro lado, se encuentra con pronóstico reservado, el recluso Dionisio Amarilla, quien se encuentra internado en el Hospital del Quemado.El incendioVarias compañías de bomberos voluntarios llegaron a la cárcel de Tacumbú a las 6.15, tras recibir el pedido de emergencia. Tras casi tres horas de trabajo, los bomberos voluntarios lograron controlar el fuego y procedieron al enfriamiento del sitio.Dijeron que el sector incendiado sufrió el derrumbe del techo y que no puede descartarse inicialmente el colapso de toda la estructura.Sobre las causas del siniestro, las autoridades indicaron que por el momento no existen hipótesis y que van a esperar los testimonios de los testigos y las conclusiones de los peritos.Por su parte, el médico forense, Pablo Lemir, dijo que los cuerpos ya están a su cargo para ser examinados y se presume que las personas murieron por asfixia.Valdéz, en tanto, intentó llevar tranquilidad a los familiares de los desaparecidos, ya que se hará un trabajo minucioso y exhortaron a que estos lleven fotografías para identificar a los fallecidos.El director del penal, Luis Barreto, confirmó a su vez que no se descartan eventuales fugas. La Policía, por su parte, implementó un dispositivo de seguridad para evitar una posible fuga de reclusos. El comisario Carlos Ozuna dijo al diario ABC Color que el incendio se produjo en una zona a la que se conoce como “túnel”, un sótano en el que se confeccionan ropas y que funciona como taller. “El incendio se produjo a las 5:30. En la zona hay personas de tercera edad que fueron evacuadas al igual que las celdas continuas”, relató Ozuna. La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, también fue hasta el sitio para interiorizarse de la situación.Momentos de mucha tensión se vivieron frente al penal cuando el forense Pablo Lemir ingresó al lugar. Los familiares de las víctimas que aguardan en la calle exigían ver y confirmar que sus parientes estén con vida.Lemir pidió a los familiares de los muertos identificados y de los desaparecidos que acudan a la morgue judicial para poder reconocer los restos de sus parientes. “Negligencia”El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) calificó el incendio registrado en el penal de Tacumbú como una “negligencia criminal”, puesto que ya existían recomendaciones para mejorar las instalaciones ante el peligro de siniestros. Las autoridades de la penitenciaría no dejaron ingresar a los miembros de este organismo para verificar el hecho.Ya en el 2013 esta institución estatal con autarquía funcional elevó un informe sobre las precariedades y los riesgos de siniestros. Las condiciones se mantuvieron según las visitas realizadas entre el 2015 y 2016.Carlos Portillo Esquivel, del MNP, dijo que las mismas condiciones fueron constatadas dos años después. Lamentó que recién cuando se pierden vidas se hacen visibles las faltas que son arrastradas desde hace años.Calificó el incendio como una “negligencia criminal”, atendiendo a que se cometió una omisión para tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de tragedias. Criticó que antes de resguardar la seguridad tanto de los internos como de los funcionarios se tenga la misión única de que “los reclusos no se fuguen, al precio que sea”.ImpedidosLos miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fueron este viernes hasta el penal pero solo lograron pasar la barrera policial. A pesar de que la Ley 4.288 les faculta la potestad de verificar el hecho desde el lugar, las autoridades les impidieron el paso y tuvieron que quedar en la calle a seguir el procedimiento de los bomberos y escuchar testimonios.Condiciones precariasEl MNP había detectado el desgaste de las instalaciones eléctricas y un riesgo de cortocircuito e incendios.Constató la ausencia casi total de extintores y otros equipamientos, como alarmas y detectores de humo, así como la inexistencia de protocolos y entrenamientos para casos de emergencias que puedan derivar en hechos graves y pérdida de vidas.El Ministerio de Justicia remitió al MNP el documento de Plan de Emergencia Penitenciaria, pero aún no ha sido socializado con otras instituciones involucradas y tampoco fue implementado.En base a las visitas realizadas entre el 2015 y 2016, el MNP recomendó para el combate del incendio la construcción de dos tanques de agua con capacidad para 30.000 litros como mínimo; la instalación de 20 bocas de expendio de agua distribuidos en el predio; la habilitación de cuatro salidas de emergencia de los diferentes pabellones a lugares más seguros y mantener reuniones interinstitucionales con el Ministerio del Interior, de Defensa Nacional, la Fiscalía, la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).En abril pasado el Ministerio de Justicia había declarado emergencia penitenciaria por 10 meses ante el hacinamiento en las cárceles.Fuente: Medios Digitales
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