"Esto permitirá facilitar el acceso de la población a la justicia, promoviendo la igualdad en el trato a los ciudadanos, como también la aplicación de políticas, programas de promoción y fortalecimiento de derechos humanos", manifestó la ministra Marchesini.El objetivo es promover las condiciones que tornen efectivos los derechos de quienes han resultado lesionados por delitos, procurando la igualdad, la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva del interés de la víctima o damnificado. El acuerdo prevé un servicio dirigido a personas que carezcan de recursos y resulten víctimas de delitos, para que sus matriculados intervengan como querellantes en los procesos penales a los cuales el documento refiere.Asimismo establece la selección y capacitación por parte del Colegio de Abogados, a los profesionales que presten este servicio gratuito, a fin de proporcionar la estructura administrativa en los ámbitos necesarios para su desarrollo.
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