Si hay algo que este nuevo Gobierno ha pregonado (aún cuando no lo era, es decir, en plena campaña electoral) es su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y cuando lo hizo, debió saber que no se trataba solamente del gobierno kirchnerista, sino de su propia administración con siete meses en marcha.La Oficina Anticorrupción, que dirige la cuestionada Laura Alonso, salió a difundir la nómina de funcionarios y exfuncionarios obligados por la ley de Ética Pública 25.188 y reformada por la 26.857; a presentar sus declaraciones juradas de bienes, que no lo hicieron en tiempo y forma.Sobre 47.329 funcionarios que tiene la administración pública nacional en condiciones de cumplir con la mencionada norma, sólo lo hicieron 24.933 (52%).Cuando ya pasaron 50 días de la fecha límite impuesta por la norma para cumplimentar con esta obligación, hay 6.125 funcionarios que ni siquiera mostraron interés vía internet en cumplimentar los formularios.Según la información de la OA, el misionero Ramón Puerta (Embajador argentino en España) esta entre los incumplidores en la presentación de la declaración jurada de bienes.Más allá del exgobernador misionero hay otros cientos de integrantes de la gestión macrista que tampoco cumplimentó la obligación que hace a la transparencia.En Misiones, esas declaraciones juradas, por ley de la Legislatura, siguen siendo reservadas y quien las difunda podría ser penado por la justicia. A nivel nacional, las declaraciones son públicas y cualquier ciudadano puede acceder a través de internet al detalle de la misma año a año, pudiendo comparar incluso la evolución patrimonial en el ejercicio del poder o la función pública. No hay excusas, hay que cumplir la norma vigente. Sino, no cambiamos.
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