El misionero Federico Ramón Puerta, exgobernador y actual embajador argentino en España, es parte del grupo de seis mil asalariados dependientes del Gobierno nacional que no presentaron su declaración jurada obligatoria, por lo que fue calificado de “funcionario incumplidor” según la calificación de la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. La dependencia nacional dio a conocer el informe con los listados oficiales pasados 50 días de la fecha límite para presentar las declaraciones juradas. Según este documento, de un total de 47.329 funcionarios y exfuncionarios de la administración nacional obligados a informar su patrimonio ante la OA, sólo cumplieron 24.933, es decir, un 52 por ciento. De los que no cumplieron, 16.039 avanzaron con el trámite y 6.125 (entre los que se encuentra el misionero) directamente fueron catalogados como “incumplidores”. Los funcionarios públicos obligados por la Ley de Ética Pública (Ley Nº 25.188 “Ética en el Ejercicio de la Función Pública” y su modificatoria Ley Nº 26.857) a dar a conocer su patrimonio mediante la declaración jurada, tienen un castigo pecuniario por el incumplimiento. Según la Resolución Nº 09/2011 de la Oficina Anticorrupción, se le suspende la percepción del 20% de sus haberes. La multa no significa un monto menor, ya que los sueldos de los embajadores en el exterior van desde los 16 mil a los 25 mil dólares mensuales, (unos 250 mil pesos en promedio al cambio actual) según un informe elaborado por La Nación.“En algunos casos se puede llegar a una denuncia penal por omisión maliciosa” aseguraron fuentes de la oficina de Alonso al diario porteño La Nación. Los incumplidores debieron presentar la documentación sobre sus bienes el 30 de Mayo. Entre los nombres más resonantes de la nómina de incumplidores se cuentan funcionarios de Cambiemos y de la anterior gestión del kirchnerismo. En este último caso, resaltan Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente que se desempeñó dentro del Ministerio de Planificación como subsecretario de Coordinación de Obra Pública, bajo el ala de José López. Tampoco informó su patrimonio el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. En la misma situación irregular están el exsecretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional Ricardo Forster, el exdirector de la Biblioteca Nacional Horacio González y el extitular del Centro Cultural Haroldo Conti Eduardo Jozami, tres de las caras más visibles del colectivo Carta Abierta.
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