Este lunes se inicia el tratamiento del Presupuesto provincial para el año 2017, que envió el gobernador Hugo Passalacqua a la Legislatura, con un cálculo de 41.291.046.000 de pesos, previendo una inflación menor a la actual y con un crecimiento de gastos del 22,8% respecto a lo presupuestado para este año.Los primeros organismos convocados a exponer sus planes de gestión este lunes son la Fiscalía de Estado; el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas); y el Ente Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), cuyos responsables son Fidel Duarte, Joaquín Sánchez y José Guccione, respectivamente. Mientras que el martes será el turno de la Secretaría de Agricultura Familiar, a cargo de Marta Ferreira y Multimedios Sapem, que preside Raúl Castaño.El presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Marcelo Rodríguez, informó que el estudio se dará en 35 reuniones “donde ministros, secretarios, presidentes de entes autárquicos y de contralor creados por la Constitución” visitarán la comisión, así como también los poderes Judicial y Legislativo.Luego concurrirán otros funcionarios hasta completar a todos los que administrarán fondos públicos en 2017.La iniciativa de Passalacqua prevé un consolidado de recursos de 30.890.964.000 pesos “destinados a atender las erogaciones” y por lo tanto “como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes se estima una necesidad de financiamiento de 10.400.082.000 pesos”, según el articulado del proyecto al que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN.Esta “necesidad de financiamiento” debería provenir del gobierno nacional con planes de obras, programas de financiamiento y aportes económicos que se gestionarán en el transcurso del año, para completar el plan de inversión estimado por el Ejecutivo misionero. La administración central necesitará 4.463 millones de financiamiento, mientras que los organismos descentralizados prevén una necesidad de 6.197 millones.En el proyecto, al analizar la planilla de gastos, se observa la continuidad de muchísimas obras y -a diferencia de los últimos años- no se encuentran obras fastuosas como el pretendido faro de Iguazú, el Parque Acuático de Puerto Esperanza, la aeropista de El Soberbio o la réplica de las Cataratas en Buenos Aires, donde se invirtieron cientos de millones de pesos que pudieron dirigirse a atender otras necesidades más urgentes de la población.Se entiende que este cambio de timón, priorizando continuidad de obras y proyectos de fin social, guarda relación con la crisis económica que atraviesa el país y la reducción de los recursos por menor recaudación; además de la premisa de tener un gobierno “más cerca de la gente” como remarcó el primer mandatario.El artículo 5 fija en 260.971.000 pesos “el importe correspondiente a las erogaciones para atender la amortización de deudas”Por otra parte, el décimo artículo establece en 49.274 el número de cargos de la planta permanente por agrupamiento y por categoría, que se describe en planilla anexa. Este número no podría modificarse porque el mandatario firmó un decreto prohibiendo nuevos ingresos a planta hasta el 31 de diciembre, medida que también está relacionada a la caída en los recursos que llegan por coparticipación.Se agrega en el artículo 12 que el PEP podrá disponer las reestructuraciones que considere necesarias con la única limitación de no alterar el total de erogaciones fijadas en artículos 1 y 5. Pero a la vez podrá modificar las erogaciones incorporando partidas provenientes de acuerdos o decretos con la Nación cuando provengan de una mayor recaudación a la prevista.Este artículo se repite todos los años en el proyecto de presupuesto y la Renovación lo defiende estableciendo que le permite celeridad en el manejo ante algunas situaciones que ameritan una rápida resolución. En cambio, desde la oposición se lo cuestiona permanentemente y muchas veces se vota en contra del proyecto argumentando que le otorga “súper poderes” o facultades discrecionales al mandatario para mover partidas de un lado a otro sin tener autorización ni dar aviso a los legisladores.Otro punto álgido del articulado le faculta al Poder Ejecutivo “a instrumentar la actualización de montos y alícuotas comprendidos en título V ley XXII Nº 25 de alícuotas”. Desde la oposición también cuestionan esta facultad reclamando que la modificación de alícuotas es decisión del Poder Legislativo.Otro artículo faculta al PEP a través de hacienda a “renegociar contratos de concesión” así como “ampliar y/o adecuar sus planes de inversión”.Se dispone asimismo que el Ministerio de Desarrollo Social sea el que coordine el Programa Hambre Cero con un presupuesto de 121 millones de pesos, quitando el manejo de esta “caja” al Ministerio de Derechos Humanos, que lo tuvo en los últimos tiempos.En los últimos artículos se destacan medidas importantes que también están vinculadas a la crisis económica que atraviesa el país, como la prórroga de las emergencias económica y financiera; y la reducción de 25 por ciento de los viáticos en los tres Poderes del Estado.Asimismo, se faculta al Gobernador a “renegociar o reconvenir deudas, cualquiera sea su origen en tanto se obtengan mejoras en plazos o tasas” y se lo autoriza a “contraer crédito público por hasta cien millones de dólares con destino a inversión pública, saneamiento o electrificación”, pudiendo ceder la coparticipación provincial en garantía de pago.Finalmente, se acuerdan 65 millones de pesos para otorgar subsidios a organismos no gubernamentales con fines sociales.Continuidad de obrasNo se destacan obras fastuosas ni millonarias, más bien los organismos plantean la continuidad de obras en diversos municipios, como el caso del Iprodha, que prevé más de 1.500 millones de pesos en Itaembé Guazú, un barrio de cinco mil viviendas en ejecución.La Unidad Ejecutora Provincial realizará continuación de obras por 61 millones, como playones deportivos, perforaciones de agua, salón de usos múltiples y plazas, así como obras de urbanismo por 189 millones, provenientes de Nación en el marco del Promeba.La Subsecretaría de Obras estima numerosas obras de agua potable, de provisión, ampliación y nuevas tomas en Libertad, Montecarlo, Eldorado, Campo Grande, Dos de Mayo, Montecarlo, Alem, San Vicente. Ecología prevé 50 millones para el Instituto de Biodiversidad a construirse como una de las pocas obras nuevas previstas en el cálculo del año próximo.En el plano de energía, esta Subsecretaría contempla 80 millones de pesos para destinarse a obras de electrificación rural a clasificar por el PEP en varios municipios.Arquitectura como en años anteriores será otra de las grandes cajas, con 1.400 millones de pesos, donde se destacan la continuación de los palacios de justicia en Puerto Rico, Oberá y un Juzgado en Aristóbulo. Estima &am
p;nbsp;24 millones para un edificio municipal de Aristóbulo, 8 para el Centro Cívico de Alem, 35 para la municipalidad de Oberá; 33 millones para el edificio de Marandú, entre otras obras.En salud, 25 millones para la continuación del hospital de Capioví, 22 para Santo Pipó y 13 millones para el Centro de Zoonosis del hospital Baliña de Posadas.También continuará realizando salones de usos múltiples, una cancha de fútbol en Cerro Azul (10 millones) y una pileta olímpica en el Cepard de Posadas por 40 millones. Otros 15 millones para la puesta en valor del Parque Paraguayo y se destacan 18 millones para la plaza central de Montecarlo. Están proyectados dos SUM en barrio Las Dolores y Santa Rita de Posadas, por casi 40 millones en total.
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