La movilización de vecinos de diversos barrios de Oberá en reclamo de servicios básicos, entre cuyos participantes se encuentran quince familias que se asentaron en el barrio Norte de esa ciudad hace dos años a instancias de la propia Municipalidad, revela la persistencia de una profunda deuda social.La decisión de reclamar en el espacio público, como última posibilidad de salida a una situación de vida insostenible por las carencias acumuladas, es expresión de desesperación tanto como de voluntad de salir adelante, de parte de las familias; pero a la vez muestra los efectos de falencias estructurales que no se solucionan desde el empeño individual.“Cuando necesitó los votos nos prometió que íbamos a tener pozo perforado, energía eléctrica y el título de propiedad en comodato. Sólo queremos el permiso, no podemos vivir sin la luz”, manifestó una vecina participante en la protesta. “Nos llevan agua una vez por semana, pero no nos alcanza. El tanque está sucio, tiene pérdida no podemos tomar esa agua”, reclaman los vecinos. La falta de acceso al agua potable y luz eléctrica en el marco de un país -y una provincia- con abundancia de recursos naturales y materias primas; con un enorme potencial, por añadidura, para la producción de alimentos y las actividades industriales, sólo se puede explicar por ausencia de voluntad política en las esferas de Gobierno y en la dirigencia en general. Las decisiones políticas a nivel de la gestión estatal en sus tres modalidades, la Nación, la Provincia y el Municipio, deben partir de prioridades objetivas y de valores y principios, no meramente de las rencillas políticas o ideológicas del momento. Y un valor esencial, que hace a la esencia de la democracia social como ideal de gobierno, es el de que el Estado está obligado a garantizar el acceso a los servicios básicos a toda la población del país. Sin excepciones de condición social o ubicación territorial.
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