El abogado defensor de los dos dirigentes, José Aranda, pidió la nulidad del allanamiento realizado en la entidad cooperativa y recusó a la jueza porque en el operativo participó una empleada del Juzgado que se encuentra casada con el denunciante, Diego Florentín. Sin embargo, sería una empleada sin poder de decisión en el proceso judicial.El allanamiento, la jueza lo realizó con policías especiales de la Brigada de Cibercrimen, especialistas en sistemas informáticos y de acceso a la base de datos.Con buen criterio y para evitar cualquier sospecha, la magistrada elevó el expediente para no tomar ella la decisión de continuar o no la investigación. Trascendió que el expediente se encuentra digitalizado e incorporado al Siged, por lo tanto puede ser leído por cualquier abogado interesado en el tema, para evitar secretismo. Uno de los imputados, el vicepresidente Zagert, aún no compareció a aceptar el cargo.Este caso se inició con una denuncia penal contra Romero y Zagert, realizado por el empleado de la Cooperativa de la CEEL, Diego Florentín, quien pertenece al sector facturaciones y en su presentación entregó pruebas respecto de refacturaciones realizadas a socios de la entidad por parte de empleados no autorizados, como consejeros, un familiar del titular de la entidad y hasta un síndico. El denunciante también acusó que los empleados sufrían permanentes presiones por parte de los consejeros para que autorizaran esas maniobras irregulares.El expediente judicial tiene la carátula “Romero Alberto y Zagert Héctor, su coacción y defraudación”, delitos previstos en los artículos 149 bis y 174 del Código Penal Argentino.
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