También fue procesada por administración fraudulenta agravada. Además, el magistrado dispuso el procesamiento de Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros. Ercolini también ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de obras públicas viales a la empresa Austral Construcciones. Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la acusan de un presunto delito de “administración infiel” y de negociaciones incompatibles con la función pública. El pasado 21 de octubre, los fiscales remitieron su último dictamen con nuevas pruebas para ampliar la acusación contra la exPresidenta.La causa, abierta en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una “organización criminal” ideada para “beneficiarse ilegítimamente” con el dinero público en “consecuente y grave detrimento” de las arcas estatales.La fiscalía antes y ahora el juez ven indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.Más involucradosLa resolución judicial se extiende a Nelson Guillermo Periotti, exadministrador general de la DNV; Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, dependiente de José López; Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi; José Raúl Santibáñez, expresidente de la AGVP de Santa Cruz; Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, exjefes de distrito (Santa Cruz) de la DNV.Según detalla el escrito, a la exPresidenta se la acusa por haber “perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”.Por su parte, a Julio de Vido se lo involucra “en su carácter de ministro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015” por haber “perjudicado los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, puntualmente, en la asistencia al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública, tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo”. Asimismo, explica que “habría omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo, función que le era inherente en razón de sus competencias funcionales”.“José Francisco López, en su carácter de secretario de Obras Públicas, entre el 28 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de intervenir en todo lo inherente a la DNV, organismo descentralizado del ámbito de su competencia”, completa el fallo.A Lázaro Báez, Ercolini le endilga que “entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría realizado un aporte imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa, al haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado, quienes le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en esa provincia”.Segundo "jaque"El del juez Ercolini es el segundo procesamiento que recibe Cristina Kirchner. El primero lo ordenó el magistrado Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro y le trabó además, un embargo de 15 millones de pesos.Hay otras causas en las que es investigada la familia Kirchner: Los Sauces SA (inmobiliaria acusa de falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito y cuyos dos principales inquilinos fueron Báez y Cristóbal López), en esta investigación el Juez intervino la empresa y la cuenta de la Sucesión Néstor Kirchner, además de correr de la administración de la misma a Máximo Kirchner.También en Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate investigado por lavado de dinero), la Justicia avanza sobre los Kirchner. En el marco de esta causa el juez Ercolini embargó los más de 5 millones de dólares de Florencia Kirchner y hay un pedido de los fiscales de embargar los bienes de los hijos de la ex Mandataria producto de la Sucesión y se solicitó que la medida alcance a dos hoteles de la familia, el Alto Calafate y La Aldea de El Chaltén.
Discussion about this post