Las expectativas de cambio que se alentaron desde la nueva administración -más en el discurso que en la realidad, ya que las medidas económicas casi siempre transfirieron ingresos hacia los que más tienen- favorecieron la aplicación de azarosas políticas de ajuste en un principio. Actualmente, en un contexto de descontento y conflictividad social crecientes, se impone una mirada crítica. Cada vez es más evidente que se necesitan con urgencia correcciones en favor de las economías familiares de quienes viven de un salario medio o bajo. Misiones no es ajena a esta realidad que castiga a los que menos tienen y, como respuesta a ello, desde la oposición se presentaron a la Legislatura provincial iniciativas que buscan una solución posible, aquí y ahora, a la exclusión social en que se traduce la arremetida del gobierno de Mauricio Macri contra el ingreso popular. Luego de que se presentara un proyecto para bajar la carga impositiva de los alimentos de consumo popular impulsado por el interbloque Avancemos (Trabajo y Progreso, UNA y Vanguardia), el jueves en la Legislatura se aprobó dar preferencia en la próxima sesión a una Ley sobre Emergencia Social Tarifaria en Misiones. La ley busca evitar que los abusivos aumentos de servicios imprescindibles, como el agua y la luz, profundicen hasta un extremo inadmisible en democracia las carencias económicas que sufren las familias que viven de un salario mínimo vital y móvil. Junto a estas iniciativas, también se cuestionaron en la última sesión los excesos en la facturación de la empresa eléctrica provincial en localidades del interior, en las que se pretende cobrar montos irreales a productores y trabajadores rurales que luchan codo a codo contra la pobreza. Es de esperar que estas atinadas iniciativas obtengan un pronto y responsable tratamiento legislativo.
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