La jueza de Instrucción 1 de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, correspondió a la solicitud de la querella en la investigación por el homicidio del distribuidor de carne Nicolás D’Amico (35), y además de pedir informes financieros y patrimoniales, citó a comparecer en carácter de “testigo sospechoso” a un empresario ganadero de la provincia.Los querellantes presentaron el pedido en mayo, tal como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN, y en él sostienen además de la citación de este empresario y un hermano, una batería de diez requerimientos e informes relacionados a ellos y que abarcan desde el Banco Central de Argentina a los registros de habilitaciones comerciales provinciales y de la Municipalidad de Oberá.La instructora del expediente, también aceptó el pedido del abogado de uno de los cinco imputados en este caso, quien solicitó ampliar su declaración indagatoria.Con estos movimientos, el expediente por el crimen de D’Amico podría sumar a sus más de tres cuerpos y 600 fojas, un giro clave de acuerdo a lo que acusan los abogados querellantes Claudio Katiz y Luciano Luna, en representación de María Alejandra Abrantes, la viuda del comerciante oriundo de la localidad de Lobos, provincia de Buenos, donde también está radicado el frigorífico para el que prestaba servicio en Misiones.Para estos letrados, el empresario ganadero llamado a testimoniar, tendría relación directa con la “orden de matar” el 30 de octubre de 2015 en un abasto de Oberá y luego calcinar el cuerpo de D’Amico dentro de su automóvil en el paraje Chatón de Leandro N. Alem.Como oportunamente lo adelantó este medio, la querella remarca que “el objeto es colaborar con la investigación, acompañar elementos, sugerir y solicitar la adopción y producción de medidas de prueba tendientes al esclarecimiento (…) Que se investigue a los autores intelectuales, instigadores o mandantes del aberrante crimen”.Al empresario y un hermano, los relacionan con uno de los cinco imputados que tiene la causa y supuesto propietario del abasto donde, se sospecha, habría sido ultimado D’Amico. Los querellantes aseguran que se trata de un “prestanombre o testaferro” de quien consideran sospechoso de dar la orden de matar al repartidor de carne.Señalaron que en los informes periciales surgen comunicaciones los días previos y posteriores al asesinato de Nicolás D’Amico. Y que el presunto “mentor” del homicidio “concurría en forma asidua, casi a diario”, al abasto donde se concretó a barretazos el asesinato.La querella busca dilucidar si el acusado de golpear y matar, actuó por “motus propio para darle una muestra más de fidelidad y lealtad a su ‘jefe’, eliminando a su principal acreedor (D’Amico) a quien le debían cifras cercanas al millón de pesos, o cometió el crimen a pedido o instigado”.MedidasEntre los informes solicitados por la querella sobresalen los oficios librados al Registro de la Propiedad Inmueble de Misiones, sobre los bienes de dos de los cinco imputados y que figuraban como titulares o relacionados al abasto donde fue ultimado D’Amico. También al Registro del Automotor a los fines de que se informe sobre todos los vehículos que figuren a nombre de ellos.También oficios a la Dirección de Inspección, Bromatología y Sanidad Animal de la Municipalidad de Oberá sobre las inspecciones realizadas en los últimos cinco años al abasto de la calle Salto Sokalski y ruta provincial 103 de Oberá. Pedidos de igual orden a la Dirección de Habilitaciones de Oberá y todos los cambios y traspasos que haya sufrido dicha habilitación comercial.A la Dirección de Habilitaciones también se pidieron informes de todos los comercios en el mismo período que vinculen al empresario de la Zona Centro sospechado.En cuanto al Banco Central de la República Argentina, se buscan los movimientos crediticios y financieros de los imputados, pero también del ganadero en cuestión.A la delegación Oberá de la AFIP se le solicitó el estado tributario de los sospechosos durante el último lustro.La jueza admitió además la necesidad de que se analicen teléfonos celulares tanto del empresario como de su familiar directo, ante la presunción de contactos mantenidos con los imputados días previos y posteriores al crimen.
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