La reacción inmediata de Mauricio Macri ya tuvo impacto, aunque puede no ser la única. La quita del manejo de la caja de las obras sociales y el desplazamiento de otro funcionario cercano a los referentes gremiales sucedió cuando la Plaza de Mayo todavía no se había vaciado de la marcha contra las políticas oficiales.Con más tiempo, el Gobierno comenzó a explorar los caminos institucionales para hacer públicos los patrimonios de los jefes de las obras sociales sindicales.Primero la guadaña y ahora el nuevo objetivo que quedará latente, en el escenario de confrontación abierto luego del resultado de las primarias y la protesta concretada por la CGT.La búsqueda de un mecanismo para exhibir las declaraciones juradas de los titulares de los sindicatos -en muchos casos, en sus sillones desde hace décadas- encontró una vía de exploración este fin de semana.Según detalla el diario Clarín, se trata de la Ley de Obras Sociales (23.660), cuyo decreto de reglamentación de 1993 estableció para sus directores y administradores la obligación de detallar los bienes que componen su patrimonio en un sobre cerrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).Un primer paso por parte del Gobierno será comprobar si la exigencia se viene cumpliendo y evaluar medidas para dar a publicidad esa información.Una recomendación de la Oficina Anticorrupción en ese sentido o un nuevo decreto para equiparar la presentación a la de los funcionarios públicos aparecieron como primeras alternativas, mientras seguirán afinando la búsqueda.En la Casa Rosada evaluaron que podría ser un buen comienzo, más allá de que con el marco legal actual los datos no son públicos y a su vez en muchos casos no alcanzarían directamente a los jefes gremiales.Aun así algunos pesos pesado figuran en el directorio, como Hugo Moyano como presidente de la obra social de Camioneros.El ex titular de la CGT fue uno de los que quedó enfrentado al Gobierno luego de la marcha del martes, con su hijo Pablo como uno de los fogoneros y con discurso más encendido, pese a que los canales de negociación no se cortaron del todo.Elisa Carrió presentó el año pasado un proyecto para que las autoridades de las organizaciones sindicales, las empresariales y las obras sociales presenten sus declaraciones juradas de los cinco períodos fiscales anteriores a la sanción de la ley, aunque no avanzó su tratamiento.El escenario parlamentario para la confrontación con un sector de los gremios será parte de las reuniones de esta semana en la Casa Rosada, según adelantaron funcionarios.Fuente: Nexofin
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