La Nación Mbya Guaraní tiene rituales, códigos y costumbres milenarias que son anteriores a la presencia del hombre blanco en el continente. Muchos, incluso, van más allá del entendimiento o de la razón que domina estos tiempos.Y más allá de los “avances” o del “progreso”, se mantienen vigentes en el seno de las comunidades aún en el siglo XXI.Es el caso de los consejos o asambleas de disciplina, una suerte de órgano judicial que rige la vida mbya en sociedad. Se llaman “Aty” y uno de ellos fue celebrado días atrás en Misiones, en este caso con un joven de 22 años en el “banquillo”, acusado por el presunto crimen de una adolescente de 15.PRIMERA?EDICIÓN pudo acceder a información exclusiva al respecto y saber que el acusado fue “condenado a la pena de muerte” por el consejo guaraní. No obstante, como ese castigo vulnera los Derechos Humanos ratificados por la Constitución?Nacional, los caciques resolvieron entregar al sospechoso a la Justicia provincial, que abrió un expediente al respecto y procedió a la detención del muchacho.La historia, que puede parecer insólita, es en realidad un reflejo de la riqueza ancestral que aún persiste en la provincia y, además, un ejemplo de respeto y trabajo en conjunto entre las comunidades nativas y las estructuras estatales.Un hallazgo, una llamadaEl inicio de la historia se remonta a menos de dos semanas atrás en un camino terrado cercano a la comunidad mbya guaraní “Yhovi”, emplazada cerca de Ruiz de Montoya, a 125 kilómetros de Posadas, a mitad de camino entre Jardín?América y Puerto Rico.Cerca de las 9.30 del lunes 16 de octubre efectivos de la comisaría local fueron anoticiados sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años. La pequeña, con último domicilio en la aldea Ñamandú, colgaba de la rama de un árbol con un trozo de tela blanca aferrado al cuello.Las primeras pericias médicas indicaron que el motivo del deceso había sido “muerte por ahorcamiento” y se había producido unos diez días antes del hallazgo. Tras las pericias de rigor, el cadáver fue inhumado y la Policía provincial inició un sumario calificado de manera inicial como “suicidio”.Los uniformados llevaron adelante una minuciosa investigación puertas adentro de la comunidad nativa. Recabaron testimonios de distintos miembros y también de quien era pareja de la adolescente, un joven de 22 años. Las primeras sospechas nacieron allí, ante una serie de contradicciones del muchacho a la hora de cotejar el cúmulo de declaraciones. Entonces, por orden del magistrado Osvaldo Rubén Lunge, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Rico, se exhumó el cuerpo y se lo sometió a una autopsia.La exhumación se produjo el jueves 19 y la pericia forense estableció que la muerte se produjo por “asfixia por ahorcamiento”, sin mayores precisiones. Los detalles se conocerán recién en las próximas horas.Investigación propiaLa comunidad se vio conmovida por el hecho y resolvió actuar según rezan sus principios. Mientras la Justicia del hombre blanco aguarda por los resultados finales de la autopsia, los caciques llamaron a una “Aty Guasú” o “Reunión Grande” para juzgar al que consideraron como principal sospechoso.Esa asamblea, de la que participaron los 21 caciques de las comunidades de la zona, tuvo lugar el último miércoles en la aldea Tupambaé. Fue presidida por el cacique general de la?Nación Mbya Guaraní, aunque de la deliberación participaron los 21 presentes.Las fuentes contaron que la “Aty Guasú” se desarrollo de manera similar a la de un juicio. Testimoniaron testigos, se mostraron pruebas y, finalmente, llegó el momento del imputado. El joven de 22 años prefirió el silencio y, tal como explicaría cualquier operador judicial, “se abstuvo de declarar”.Tras largas horas de ardua discusión, los caciques llegaron a un veredicto y declararon al joven culpable de la muerte de su pareja. La condena fue de “pena de muerte bajo ejecución inmediata”, al decir de la ley guaraní. Sin embargo, a sabiendas de que aquello va en contra de la ley nacional, resolvieron entregarlo a la Justicia provincial.Ese trámite se llevó a cabo este viernes por la mañana en el despacho del juez Lunge. Ante el magistrado se presentaron Santiago Acuña, cacique de la comunidad en cuestión;?Ariel Araujo, secretario ejecutivo del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación que -incluso- recientemente participó activamente en el “caso Maldonado”; y el cacique general de los mbya guaraní, Lorenzo Ramos.El joven de 22 años quedó allí oficialmente detenido en averiguación del hecho y será indagado la semana próxima. Mientras se aguarda por los resultados de la autopsia, Lunge ordenó que la causa sea recaratulada de manera preventiva como “homicidio calificado o femicidio”. La comunidad guaraní ya anticipó que no se sentará de brazos cruzados: pidió constituirse como querellante.
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